El comité de evaluación del Poder Legislativo consideró que la multa que le impuso el juez de Michoacán Sergio Santamaría quedó sin efectos, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el togado no tiene competencia para intervenir en la elección de los juzgadores que se realizará en junio próximo.

Por su lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) calificó de un grave acto violatorio de la independencia judicial, la resolución de la Sala Superior del TEPJF, pues incluye la presentación de una denuncia penal y una queja ante la Judicatura en contra del citado juzgador, quien había concedido suspensiones para impedir el proceso electoral referido.

La agrupación consideró que el fallo del tribunal electoral busca intimidar a las personas juzgadoras para que no resuelvan con toda libertad, de acuerdo con el mandato de la Constitución y los tratados internacionales a los que estamos todos obligados.

Entrevistado sobre la multa que el juez de Michoacán impuso a los comités de evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo por no suspender los preparativos de la elección de junio, Andrés García Repper, presidente en turno de la primera instancia, expuso que al no ser competente, todo lo que haya dicho o hecho el juzgador es nulo de pleno derecho.

Estimó que queda eliminada la sanción por 107 mil 570 pesos impuesta a cada uno de los 10 miembros de los comités.

Y si por alguna razón dicen: paguen, a ver quién les paga porque nosotros no acatamos resoluciones de autoridades incompetentes, puntualizó.

Insistió en que el togado de Michoacán es incompetente en la materia, porque no proceden los amparos en reformas constitucionales y tampoco la suspensión en temas electorales. Además, el juez tiene un conflicto de interés evidente, pues su cargo será uno de los que serán renovados.

Por lo que hace a las entrevistas de los aspirantes a juzgadores, apuntó que terminarán de hacerlas en esta semana y luego los integrantes del comité del Poder Legislativo deliberarán sobre quiénes conformarán las listas que se utilizarán para la insaculación prevista en los primeros días de febrero.