Frente a la negativa del comité de evaluación del Poder Judicial a reactivar sus trabajos de inmediato, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comunicó que esperará a tener una respuesta formal, y refrendó el criterio tomado la víspera.

En una tarjeta informativa, el tribunal expresó que no hará declaraciones públicas hasta no ver cumplidos los plazos y analizar el fondo jurídico de este asunto.

El TEPJF notificó al comité de evaluación su sentencia ayer a las nueve de la mañana, para que retome sus trabajos en un plazo no mayor a 24 horas, es decir, este viernes se confirmaría el incumplimiento.

El comité anunció públicamente que no acatará la resolución de los magistrados electorales, al considerar que existe una contradicción de criterios y, por tanto, interpondrá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea esa instancia la que aclare las competencias tanto del TEPJF como del juez de distrito que ordenó a los tres comités de evaluación –uno por cada Poder de la Unión– suspender trabajos.

Luego de aprobar por mayoría de tres votos contra dos el proyecto relacionado precisamente con la orden al comité de evaluación, el magistrado Felipe Fuentes se refirió al marco legal de las acciones posibles a realizar frente a desacatos.

En el proyecto, hoy sentencia, se establece un apercibimiento para el caso de incumplimiento, pero confiamos plenamente en que el comité de evaluación, con responsabilidad institucional, cumpla las sentencia.

Las medidas de apremio y correcciones disciplinarias que marca el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para hacer cumplir las sentencias del TEPJF, son las siguientes: apercibimiento, amonestación, multa de 50 hasta 5 mil unidades de medida y actualización, y el doble en caso de reincidencia, auxilio de la fuerza pública, y arresto hasta por 36 horas.

En un episodio anterior, durante la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón, el Legislativo no acató una orden de la sala superior del TEPJF para que la directiva diera un lugar en la Comisión Permanente a un diputado de Movimiento Ciudadano; no obstante, concluyó el periodo de la Permanente y nunca entró el legislador del partido naranja, por decisión del bloque mayoritario.

El hecho ocurrió en mayo de 2022 e incluso el magistrado Rodríguez preguntó ante una audiencia de especialistas en derecho electoral: ¿hasta dónde deben llegar los tribunales para reparar la falla del sistema y hacer valer sus decisiones frente al desacato de una orden de la sala superior?, que es la máxima instancia en materia electoral.