Un grupo autodenominado juzgadores del pueblo, encabezado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y conformado por magistrados, jueces federales y locales, celebró y respaldó ayer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó revocar la suspensión de las actividades del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Este reconocimiento de validez de la reforma constitucional del Poder Judicial debería ser asumido por todos, en virtud de la supremacía constitucional, subrayaron en un comunicado.

Se trata del primer comunicado que difunde dicho grupo con el nombre de sus 31 juzgadores, membretado con un logo y el lema justicia para el pueblo. Entre los firmantes también aparecen Xóchitl Almendra Hernández, magistrada de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y Rogelio Samuel Escartín, juez del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Tabasco.

En el comunicado respaldan la decisión del TEPJF, señalando que el artículo 107, fracciones II y X de la Constitución, señala que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales ni suspensiones con efectos generales.

Lo anterior, en alusión a las suspensiones definitivas emitidas por dos jueces federales que ordenaron a los comités de evaluación del Judicial, del Ejecutivo y Legislativo suspender labores, pero sólo el primero lo acató.

Resaltan que juzgados y tribunales deberían abstenerse de emitir suspensiones contra la reforma, o cualquiera de sus consecuencias, entre ellas, además del proceso electoral, los límites a las remuneraciones y la extinción de los fideicomisos del PJF.

Como personas juzgadoras tenemos la misión fundamental de dotar de fuerza y vigencia plena a la Constitución, como norma suprema de nuestro sistema jurídico nacional. No nos corresponde poner en duda su contenido, ni somos los actores idóneos para controvertir las resoluciones del órgano reformador de la Carta Magna, se apunta.

También apuntan que el Poder Judicial no puede ser convertido en facción política de oposición y debe asumir la siguiente fase de la implementación de la reforma judicial como un esfuerzo nacional para garantizar el acceso a la justicia.