La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer al Congreso de Guerrero que en su próximo periodo ordinario de sesiones legisle para establecer los criterios técnicos y objetivos que justifican que ningún funcionario de la entidad gane un salario mayor a su superior jerárquico ni al de la presidenta de la República, como estipula la Constitución federal.

Lo anterior, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra artículos de la Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos de esa entidad.

El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá proponía invalidar también los artículos 6, 7 y 8 de dicha ley que ponen tope salarial a las remuneraciones, por considerar que permiten que éstos se calculen de manera discrecional. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho para invalidar los resultados de seis votos contra cuatro.

El texto de los preceptos impugnados no cumple con los objetivos buscados por el poder reformador, pues no se contienen los elementos para conocer las razones que llevan a la cuantificación precisa de la remuneración del salario de los servidores públicos locales, expuso González.

La mayoría de los ministros coincidieron en que existe una omisión del Legislativo de Guerrero, pues de acuerdo con precedentes de la Corte ya se ha ordenado a los Congresos federal y locales establecer dichos criterios técnicos que ponen tope al sueldo de los funcionarios.

En la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama aprovechó para acusar a la SCJN de impedir con sus criterios sobre el tema que los Poderes Legislativos acaten el tope salarial para los servidores públicos.