Las deportaciones de migrantes en Estados Unidos son una política sistematizada de dicho gobierno, que se ha vuelto mediática en ciertos periodos, principalmente en la primera gestión de Donald Trump, señaló la académica Pía Taracena Gout, de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

La especialista en política exterior de México, Estados Unidos y Canadá dijo que desde el comienzo del primer mandato de Trump se usó una retórica antinmigrante, promoviendo expulsiones masivas y endureciendo las políticas enfocadas a este sector.

En un comunicado, explicó que, a diferencia de décadas pasadas, usualmente las deportaciones eran de forma individual, pero durante la primera administración del republicano hubo expulsión de familias completas, una práctica que generó violaciones a los derechos humanos y daños sicológicos en los migrantes en esta situación, aseguró.

Endeudamiento público

Advirtió la posibilidad de que Trump declare una emergencia nacional para facilitar la construcción de centros de detención y el aumento del presupuesto para deportaciones, pero estas acciones pueden enfrentar limitaciones administrativas y económicas, dijo, por el elevado costo de su implementación y el endeudamiento público.

Consideró que México enfrentará retos significativos ante esta política como país vecino y con una comunidad importante de migrantes en Estados Unidos.

Señaló que aunque el gobierno mexicano ha puesto en marcha acciones como fortalecer la red consular y la contratación de abogados, continúa siendo insuficiente, pues la respuesta ha sido reactiva, careciendo de una estrategia sólida que contemple las complejidades actuales.

Taracena Gout explicó que el arribo de los deportados plantea desafíos adicionales, pues a pesar de que algunos tienen formación académica o técnica avanzada, la economía mexicana carece de la capacidad para absorber esta mano de obra, lo que generaría problemas laborales.

Subrayó la importancia de la solidaridad internacional y la colaboración entre gobiernos, comunidades y organizaciones para mitigar el impacto de las deportaciones y mencionó que consulados, universidades y asociaciones civiles en el país vecino desempeñarán un papel clave en la defensa de personas migrantes, en especial de aquellas con descendencia nacida en ese país.