De las 16 reformas constitucionales aprobadas por ambas Cámaras, la única que no se ha promulgado es la que lleva a la Carta Magna que el aumento al salario mínimo nunca podrá ser menor a la inflación.

Esa modificación al artículo 123 constitucional fue aprobada ya por 17 legislaturas locales, 16 de ellas en cascada desde el pasado 10 de octubre y días después por Chihuahua, pero no fue contabilizada para formular la declaratoria, por lo que el proceso se detuvo debido al impacto presupuestal, al parecer no previsto.

Por ello, la reforma está congelada, a pesar de que en ambas Cámaras del Congreso fue aprobada por unanimidad y todas las fuerzas políticas coincidieron en que es una modificación toral para defender los ingresos de los trabajadores, toda vez que éstos no se erosionarán debido al aumento en los costos de la vida.

Se define además un salario mínimo especial para trabajadores de áreas críticas del sector público, como maestros, médicos, enfermeros y policías, a fin de garantizar que estos profesionales reciban un ingreso no inferior al promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Motivación hacendaria

En el Senado ni el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, ni el titular de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, han hablado del asunto, pero en el interior del grupo de Morena se comenta que se frenó a petición de las autoridades hacendarias, lo que ocurrió también con otra reforma constitucional del paquete presentado el 5 de febrero del año pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la modificación también al artículo 123 constitucional para llevar a nivel de la ley suprema el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no pasó en el Senado, pues se dejó pendiente la minuta que le remitió la Cámara de Diputados el 25 de septiembre de 2024.

La reforma en materia de salarios fue la cuarta que aprobó esta legislatura en su primer periodo de sesiones, pero no siguió el rápido camino que las otras, entre ellas la judicial, que pasó el 4 de septiembre en San Lázaro, la madrugada del 11 en el Senado y horas después ya la estaban aprobando los congresos locales, por lo que López Obrador la pudo promulgar el 15 de septiembre de 2024.