San Salvador. Factores socioeconómicos, una guerra civil y la violencia criminal de las pandillas son los elementos principales que explican las varias oleadas de salvadoreños que emigraron hacia Estados Unidos, cuyo nuevo presidente, a partir del 20 de enero, Donald Trump, amenaza ahora con deportarlos, como al resto de indocumentados.

De los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso migratorio, unos 2.1 millones provienen de América Central. Han llegado sobre todo de Guatemala (724 mil), Honduras (490 mil) y El Salvador (741 mil), según cifras del Instituto de Políticas Migratorias publicadas en 2023.

Se calcula que al menos un tercio de la población salvadoreña, unos 2 millones de personas, residen en Estados Unidos. Ese ejército de migrantes pobres, con o sin documentos de estadía legal, mantienen a flote la endeble economía de El Salvador con las remesas que alcanzan unos 8 mil millones de dólares al año, lo que representa 23 por ciento del producto interno bruto.

La amenaza de Trump de deportar a los indocumentados plantea una aguda preocupación en El Salvador: por un lado, habría una demanda de servicios y de puestos de trabajo que el país no puede ofrecer y, por otro, la economía colapsaría sin las remesas.

Unas 15 mil personas fueron deportadas al país de enero a diciembre de 2024, de las cuales 95.6 por ciento provinieron de Estados Unidos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Alrededor de 13 mil llegaron en el mismo periodo del año anterior.

Primera oleada

Estados Unidos ha jugado un rol decisivo en la generación de condiciones que golpearon a El Salvador y que forzaron la salida de miles de personas pobres. El gobierno estadunidense apoyó financiera y militarmente a los regímenes salvadoreños para combatir a las guerrillas izquierdistas en los años 80.

Ese apoyo, calculado en unos 6 mil millones de dólares, durante los 12 años de guerra civil (1980-1992), no sólo permitió la sobrevivencia militar de un ejército que cometió matanzas u otros crímenes de guerra, sino que el conflicto destruyó la estructura productiva nacional que, décadas después, sigue sin recuperarse.

El ex presidente estadunidense Ronald Reagan estaba obsesionado con parar el avance de lo que consideraba era el comunismo soviético en América Central, tras el triunfo de la revolución sandinista, en julio de 1979.

“El Salvador se convirtió en la versión caliente de la guerra fría”, explicó Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, organización fundada en 1981 en Los Ángeles, California, para brindar asesoría legal y otros servicios a salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos. Los asesinatos de izquierdistas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército en El Salvador causaron un éxodo sin parangón.

Mi caso es el ejemplo clásico de esa época. Yo tenía 20 años cuando dejé el país, porque mi nombre estaba en una lista negra de las autoridades, contó Sanabria.

En entrevista telefónica desde Los Ángeles, el activista dijo que su nombre estaba en esa lista de enemigos del régimen, por ser estudiante de derecho en la Universidad de El Salvador, bastión de los universitarios de izquierda, y por ser parte del equipo de socorro jurídico de ese centro de estudios.

Sanabria logró escapar del país en 1980, antes de ser ubicado por los tristemente célebres escuadrones de la muerte, unidades paramilitares cuya misión era localizar y asesinar a izquierdistas.

Si bien hubo grupos de salvadoreños que llegaron previamente a Estados Unidos –como los que trabajaron en la reconstrucción de la Flota del Pacífico, en Hawai, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial– la mayor oleada fue causada por la guerra civil, destacó Sanabria.

El conflicto armado dejó unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. El acuerdo de paz entre las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno salvadoreño se suscribió en México, en 1992.

Situación económica

Los migrantes irregulares suelen ser personas de familias rurales pobres, donde escasean las fuentes de empleos bien remunerados, debido en parte a la falta de políticas públicas para revitalizar la agricultura por parte del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La destrucción del tejido social y productivo del país durante la guerra ha incidido también en la falta de empleo de calidad.

Aquí escasea el empleo digno, el empleo que pueda crear arraigo en nuestro país. El componente económico es otro factor que incide en la migración, sostuvo a La Jornada Jizi Moza, director ejecutivo del no gubernamental Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami).

Cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, publicadas en agosto de 2024, revelaron que 70 por ciento de la población del país trabaja en el mercado informal, es decir, gente que sobrevive como puede, vendiendo alguna comida casera o baratijas en las calles de las ciudades.

El salario mínimo en El Salvador ronda 300 dólares, de los cuales alrededor de 70 por ciento se gasta en una lista de 11 grupos de alimentos básicos. La gente a duras penas gana para la comida del día.

Vinculada a la precariedad económica, está la búsqueda de servicios de calidad, como salud o educación, la gente busca eso para su familia, recalcó Moza.

Influye también, continuó, el deseo de los migrantes en Estados Unidos de reunificarse con su familia y por eso mandan traer a sus hijos e hijas en El Salvador con coyotes o traficantes de personas, a pesar del riesgo de que pierdan la vida durante el viaje.

Amenazas de muerte

La violencia producida por las pandillas también incidió en el fenómeno migratorio. Como referencia, El Salvador fue el país más violento del mundo en 2015, tras alcanzar 106 asesinatos por cada 100 mil habitantes, producto de esa violencia pandilleril.

Omar Jarquín lo vivió en carne propia. Él es el secretario general del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), una organización que trabaja en la búsqueda de salvadoreños que emprendieron ese peligroso viaje y que murieron en el camino o están desaparecidos.

En febrero de 2009, su hijo Sarvelio Jarquín fue asesinado luego de un altercado con pandilleros, en el vecindario donde los Jarquín trabajaban como panaderos, en el norte de San Salvador.

Las amenazas de matarlos a todos continuaron y el otro hijo de Jarquín, David, de 24 años, decidió irse a Estados Unidos en marzo de 2024. Llegó a su destino, pero fue deportado en abril del mismo año. Hizo un nuevo intento en mayo y logró llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, y llamó a su padre.

Me dijo que el siguiente día iba a pasar el río Bravo. Esa fue la última conversación que tuve con él. Iba para Houston, recordó Jarquín, con la voz entrecortada.

Pero David desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado.

Pasaron nueve años y medio y nunca supe de él. Hasta que en 2023 me notificaron que habían encontrado los restos de mi hijo, porque como familiar de un migrante desaparecido yo había dado una muestra de sangre para verificar el ADN. Encontraron la osamenta de su cabeza y la tibia.

Los restos de su hijo David fueron repatriados a El Salvador el 29 de diciembre de 2023. Ya está en un lugar donde ya le puedo ir a dejar unas flores, subrayó Jarquín.

La política de capturas y encarcelamientos masivos impulsada por Bukele desde marzo de 2022 ha logrado desarticular a esos grupos criminales, aunque en el proceso se han cometido capturas ilegales de personas sin vínculos con pandillas, entre otras violaciones a los derechos humanos.

De modo que ahora el factor económico es el que sigue empujando a miles de personas a dejar el país, en busca de un mejor porvenir.

No hay empleo suficiente, bien remunerado, con buenos servicios sociales que permitan a jóvenes apostarle al país, concluyó.