Aunque Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México (BdeM), reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo está trabajando para reducir el déficit fiscal, consideró que las finanzas públicas están comprometidas por el mayor gasto social.

Al participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 2025, organizado por el ITAM, indicó que la actual administración federal está haciendo una corrección fiscal de cerca de 2 puntos del producto interno bruto (PIB), porque el déficit había llegado a niveles no vistos en más de 10 años.

Está haciendo lo que debe hacer en materia fiscal: un ajuste. La mayor parte es por recorte de 70 por ciento del gasto, aunque el social sigue en aumento. Esto es un punto importante, porque estructuralmente las finanzas públicas ya no dan, señaló quien fue titular de la Secretaría de Hacienda en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Apuntó que las transferencias sociales representan más de 30 por ciento del gasto total del gobierno, lo cual es un aumento muy considerable. Por una parte hay finanzas públicas en tensión, finanzas públicas comprometidas y, por otra, una erosión fuerte del marco constitucional; esto te lleva, obviamente, a un aumento del riesgo país, a una baja de calificación, ya Moody’s nos ajustó la nota, señaló.

Instituciones debilitadas

Comentó que se habla de una reforma fiscal, pero esto no es tan conveniente, porque es una mala palabra, por lo que para evitarla se pueden hacer cosas que eleven la recaudación.

“Lo que es un hecho es que debe aumentar la recaudación fiscal.

México tiene una recaudación como proporción del PIB de alrededor de 17 o 18 por ciento de impuestos, quitando lo de Petróleos Mexicanos (Pemex), que cada vez es menos.

Comentó que se puede trabajar en evitar la evasión del IVA, la cual es gigantesca. Más o menos se cobra entre 50 y 60 por ciento de la recaudación teórica, señaló.

El ex funcionario consideró que con los cambios constitucionales aprobados recientemente, incluyendo la reforma al Poder Judicial, México llegará a la revisión del T-MEC con un marco institucional debilitado.