a semana pasada el panel de controversias del T-MEC falló contra México en el caso sobre maíz transgénico levantado por Estados Unidos, al que se sumó posteriormente Canadá. Pese a que México tiene toda la razón al defender su derecho a legislar en protección de la salud de su población y de la diversidad del maíz en su centro de origen, era muy probable que el fallo fuera en su contra. Como lo llamó Luis Hernández Navarro, fue un juego con cartas marcadas (https://tinyurl.com/ye23jkaf).

El fallo mostró claramente lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México sentenció como desvío de poder: pese a las trampas en el proceso, no hubo violación de las normas, ya que los acuerdos fundantes del T-MEC fueron hechos para favorecer los intereses de las empresas trasnacionales y actores más poderosos, a costa del interés público, del bien común y contra los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Siendo un resultado terrible, era previsible. Para empezar, los dictaminadores del panel estaban en mayoría a favor de la biotecnología empresarial desde el comienzo. No fue azar, a la firma del T-MEC se designaron jueces por defecto si las propuestas hechas por las partes en controversia eran rechazadas por la otra parte. Cosa que sucedió hasta agotar las opciones y terminar en un panel que garantizara que el fiel de la balanza estaría a favor de los transgénicos.

Además, Estados Unidos remitió la controversia al capítulo 9 del T-MEC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que refieren a normas internacionales que repiten la misma parcialidad: toman mayoritariamente en cuenta estudios científicos pagados por las empresas, diseñados por encargo para echar un velo sobre los estudios de científicos independientes que muestran riesgos y daños de los transgénicos y los agrotóxicos asociados a éstos (Ver expediente del Conahcyt para el caso (https://www.ceccam.org/node/4149).

No obstante, lo más absurdo de este proceso es que el decreto de 2023 del gobierno mexicano que Estados Unidos llevó al panel de controversias porque afectaría el comercio y exportaciones de maíz a México, no afectaba tal cosa. El decreto estableció que el maíz transgénico no podía ser usado para masa y tortilla en el país, productos que se elaboran con maíz blanco cultivado en México y no con el de importación, que es amarillo y se destina a forrajes y otros usos industriales. De hecho, desde el decreto de 2023, Estados Unidos aumentó notablemente sus exportaciones de maíz a México (Braulio Carbajal, El campo, gran perdedor en tres décadas de T-MEC, La Jornada, 26/12/24).

Tampoco afecta en realidad a los agricultores estadunidenses, porque no cuestionaba las importaciones. Si fuera el caso, esos agricultores podían vender maíz híbrido no transgénico a México, incluso a mejor precio. Pero quien decide qué semillas se plantan no son los agricultores, sino tres empresas trasnacionales (Bayer-Monsanto, Corteva y Syngenta), que controlan el mercado de semillas industriales y que en Estados Unidos sólo reproducen y ponen a la venta maíz transgénico, porque tiene un sobreprecio hasta de 30 por ciento y al estar patentado, convierte en un delito el uso de la semilla en otra cosecha o cruza, aún si es contaminación accidental.

Pero el interés principal de llevar este caso al panel del T-MEC y el más relevante para las empresas que controlan los transgénicos no era la hipotética pérdida de exportaciones, sino sentar ejemplo en otros sentidos. El primero es impedir que avancen leyes que refieran a que transgénicos y agrotóxicos tienen riesgos para la salud y el ambiente. En esto las empresas han invertido la carga de la prueba: no es necesario demostrar que esos son productos sanos y saludables, sino que alcanza con afirmar que no hay pruebas irrefutables de que sean dañinos. Si tales pruebas se presentan, son negadas con un alud de artículos pseudocientíficos encargados por las empresas a científicos de alquiler.

El segundo objetivo fue dejar claro que México no puede legislar en forma precautoria en productos que son claves para las trasnacionales, ni en su propio país, ni para proteger la salud de su propia población.

La lamentable contracara de todo esto es que las políticas agrícolas internas de sucesivos gobiernos de México han debilitado la producción nacional de maíz, por falta de apoyos y competencia desleal con el maíz subsidiado de Estados Unidos. Desde la firma del TLCAN (luego T-MEC), las importaciones de maíz de Estados Unidos han crecido en 468 por ciento, alentadas por la demanda creada por trasnacionales de cría de ganado que se instalaron en México y por la reconversión de productores de maíz a producción de berries y aguacate (https://tinyurl.com/2s2e8p65).

Como explica Ana de Ita, también el gobierno de López Obrador aumentó la dependencia alimentaria al desproteger la producción nacional de maíz de mediana escala, principales abastecedores de maíz blanco al mercado nacional (https://tinyurl.com/4utmzu9x).

Pese a todo, seguirá la defensa del maíz por parte de sus pueblos, que es su corazón y nunca la abandonaron. Es necesario también cuestionar también de fondo los tratados de libre comercio y las políticas agropecuarias en México.

* Investigadora del Grupo ETC