Buenos Aires., El gobierno del presidente Javier Milei autorizó ayer, mediante decreto, el despliegue de las fuerzas armadas para actuar en política interior ante posibles ataques o destrucción de espacios de vital importancia para el Estado, estableciendo la posibilidad de una intervención militar para defender objetivos de valor estratégico y amenazas terroristas .

Estos indefinidos objetivos de valor estratégico de seguridad son los argumentos para la solicitud de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Pietri, de la intervención militar cuando haya amenazas y agresiones, actuación de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional.

También en periodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior, y amenazas de terrorismo internacional. El decreto se refiere a los ataques contra cualquier bien, instalación o conjunto de éstas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado que pueden ser parcialmente afectados o destruidos, afectando el bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió: desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto o problema de seguridad interior, por lo tanto puede militarizar la protección de los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la Capital federal (como centro político y económico del país).

El gobierno avanzó en una reforma de fondo por decreto, que evita el Congreso y las discusiones políticas, con el propósito de redefinir el rol de las fuerzas armadas en seguridad interior”, y agregó que el decreto “implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no sólo el control de las corporaciones de seguridad sino también las castrenses. (…) Por ejemplo, si un grupo de trabajadores despedidos de una central eléctrica decide movilizarse hasta ese lugar, el Poder Ejecutivo podría aplicar la polémica definición de defensa de sitios estratégicos”.

Montoneros, en la mira de la justicia

Por otra parte, de manera sorpresiva, la Sala I de la Cámara Federal decidió llamar a indagatoria a Mario Firmenich, líder de la organización política militar Montoneros, por una bomba que estalló el 2 de julio de 1976, y causó la muerte de 24 personas, en la Coordinación Federal, el área de Inteligencia del Departamento Central de la Policía Federal de la cual dependía un Centro Clandestino de Detención que funcionaba desde antes del golpe de Estado de marzo de 1976, cuando se instaló la más cruenta dictadura militar en la historia del país.

Los jueces consideran los anterior una grave violación a los derechos humanos y, por ende, no está prescrita, resucitando la llamada teoría de los dos demonios (condenas iguales a terrorismo de Estado y el cometido por guerrilleros), coincidiendo con el gobierno de Milei, que llama a una “reconciliación a nivel nacional.

Se aceptó como querellante al ex policía federal Eduardo Emilio Kalinec, condenado a prisión perpetua por crímenes en el circuito de tres Centros Clandestinos de Detención. Pero en esta causa están también considerados los militantes que sobrevivieron al terrorismo de Estado, lo que es muy grave.

La indagatoria se inició en agosto de 2003, en reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por la última dictadura. Esto no prosperó porque la jueza María Servini de Cubría sostuvo que no era un crimen de lesa humanidad y, por ende, había prescrito, lo que fue validado por la Corte Suprema en 2012.

Espionaje y traición

En estos momentos, el gobierno de Milei enfrenta una dura batalla interna, no sólo con el ex presidente Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana, sino con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que está en su momento más álgido.

Villarruel en sus redes sociales apuntó contra la ministra de Seguridad al señalar que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a viajar a Venezuela.

Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieron tomar, dando a entender que Patricia Bullrich es responsable de la detención del gendarme Nahuel Agustín Gallo, bajo acusaciones de espionaje, y, lo que es más grave, Villarruel hizo público que dicho ingreso a Venezuela fue autorizado de manera oficial.

Esta situación se agrava cuando Caracas denunció un plan de infiltración orquestado por el gobierno de Milei en la vida política de ese país.