Como consecuencia de haber sido víctimas de delitos, una alta proporción de empresas en México dejaron de manejar efectivo o redujeron su uso al mínimo en sus instalaciones; disminuyeron los horarios de atención al público, producción, o comercialización de bienes y servicios, además de cancelar inversiones, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas (ENVE), el Inegi precisó que las unidades económicas en el país tomaron estas medidas tras haber sido víctimas de algún ilícito en 2023; en el promedio nacional, 19.9 por ciento dejaron de usar dinero en efectivo o redujeron su uso al mínimo; en Morelos la proporción llegó a 33.5 por ciento; les siguieron las de San Luis Potosí (30.2 por ciento) e Hidalgo (29.3 por ciento).

Por su parte, 19.8 por ciento de las unidades económicas redujeron sus horarios de atención al público, producción, o comercialización de sus bienes y servicios. Los negocios establecidos en Morelos fueron los que más llevaron a cabo esta práctica, con 52.6 por ciento, seguidas de las de Hidalgo, con 36 por ciento.

En tanto, 15 por ciento de las unidades económicas cancelaron planes o programas de inversión por la inseguridad. En Morelos, 36.9 por ciento que dejaron de invertir.

Pérdidas y gasto

El costo total derivado de la inseguridad y el delito ascendió a 124 mil 300 millones de pesos; es decir, 0.51 por ciento del producto interno bruto (PIB). Las medidas preventivas costaron a las unidades económicas 67 mil 200 millones de pesos, 54 por ciento de sus costos totales derivados de la delincuencia, mientras las perdidas económicas a consecuencia de los delitos representan 46 por ciento del costo total.

La ENVE, que se publica cada dos años, señala que esta proporción se ha mantenido casi sin cambio en años recientes.

La mayoría de las unidades económicas aplican medidas muy básicas de protección, sobre todo porque se trata de micro y pequeñas empresas.