Morena y sus aliados avalaron anoche en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados el paquete de cambios legales que regulan la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), en una discusión en la que la mayoría insistió en que con la legislación se consolida la refundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura.

La oposición, en cambio, votó en contra y resaltó que con los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva Ley de Carrera Judicial, se cierra el proceso para “someter de facto al Poder Judicial al oficialismo”. Los tres dictámenes se votarán en la sesión de la cámara este martes.

Con las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial se determinan las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura. Mientras el bloque mayoritario sostuvo que la nueva instancia agilizará las sanciones contra casos de corrupción judicial, a la vez que los opositores señalaron que se convertirá en un órgano inquisidor que perseguirá a jueces que no se apeguen al interés del partido en el gobierno.

Pocas sanciones de la Judicatura

Mary Carmen Bernal (PT) sostuvo que la Judicatura resolvió muy pocas sanciones, lo cual significa que no era un órgano eficiente, que no cumplía su función, mientras el tribunal que lo sustituirá sí aplicará castigos a jueces que no actúen de manera correcta.

Al argumento morenista, de que la reforma tiene por objeto acabar con la corrupción del pasado en el Poder Judicial, el priísta Alejandro Domínguez preguntó: ¿Olga Sánchez Cordero fue corrupta? (Arturo) Zaldívar, que duró cuatro años al frente de la Corte, ¿fue corrupto y estaba al servicio de intereses ajenos a la justicia? ¿Todos los jueces son corruptos? Me niego a pensar eso.

La ex subprocuradora con Jesús Murillo Karam y ahora diputada por Morena, Mariana Benítez Tiburcio, cuestionó que la Judicatura no erradicara la corrupción de jueces y magistrados y criticó que el modelo vigente de selección y designación de jueces derivó en una red clientelar.