Los países de América Latina y el Caribe necesitan mejorar la recaudación de impuestos, su gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, sostuvieron el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Comisión Europea.

Ajustar la estructura tributaria o potenciar los impuestos existentes podría ayudar a reducir las desigualdades, contribuir a la transición verde, impulsar los resultados en materia de salud y promover el emprendimiento, manifestaron los organismos.

En la edición 2024 de las Perspectivas Económicas de América Latina. Financiando el desarrollo sostenible, un documento que las instituciones financieras elaboraron en conjunto, se expone que la región necesita mejorar los gravámenes, ya que en la mayoría de las economías que la conforman, los ingresos tributarios son bajos, con un promedio de 21.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2022, frente a 34 por ciento de la OCDE.

En la presentación de la 17 edición del informe, en París, los organismos internacionales informaron que para reducir la brecha de financiamiento sostenible de la región, que se estima en 99 mil millones de dólares al año, es necesario mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, con ayuda de sus socios internacionales.

Los organismos llamaron a gestionar la deuda a través de marcos fiscales sólidos para mantener la sostenibilidad.

Detallaron que los países de América Latina han visto incrementado su servicio de la deuda desde 9.8 por ciento de los ingresos tributarios en 2012 a 12.2 por ciento en 2022.

En la pasada década, en algunos países el pago de intereses ha llegado a duplicar el gasto en educación, a triplicar el gasto en salud y a cuadruplicar las inversiones de capital, indicaron.

Según el documento, los países deben optimizar la asignación presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto para liberar recursos adicionales, ya que en 2023, 82 por ciento del gasto público se concentró en gasto corriente.