La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó el dictamen de reforma al Código Penal en materia de extorsión, por lo que será considerado un delito de alto impacto, se indagará de oficio y cuyo castigo alcanzará 15 años de prisión.

Se incluyen 15 agravantes si este ilícito se comete en contra de comerciantes y transportistas.

De acuerdo con los legisladores, el proyecto de dictamen también incluye el delito de cobranza ilegítima en el libro segundo, que contiene los delitos contra la vida e integridad corporal, por lo que también sería perseguido de oficio.

En total, se dictaminaron tres iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada Tania Larios, las cuales coinciden en que la extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, implica un atentado directo a su tranquilidad al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y sicológico que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.

El dictamen contiene datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el cual refiere que en 2022 el delito con mayor tasa de incidencia por cada 10 mil unidades económicas fue la extorsión, con 28 por ciento, y la Ciudad de México fue la entidad con mayor tasa de incidencia en el país, con 15 por ciento. No obstante, existe una cifra negra del delito de extorsión de más de 90 por ciento.

El dictamen será enviado al pleno para su análisis y votación.

Por otra parte, luego de una denuncia ciudadana que indicaba que un grupo de jóvenes, probables integrantes de una banda, exigía dinero en efectivo a comerciantes y locatarios del Centro Histórico a cambio de no causarles daño, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en reclusión.

Se identificó que los hombres posiblemente participaron en agresiones con arma de fuego en contra de domicilios y locales comerciales de los dueños que se negaron a pagar tras las amenazas.

Un juez de control del sistema procesal penal acusatorio local fue quien libró las órdenes de aprehensión por asociación delictuosa agravada y extorsión agravada, las cuales fueron cumplimentadas en un centro penitenciario ubicado en el norte de la ciudad.

Por ello, los sujetos de 22, 25, 27 y 29 años fueron informados del mandamiento judicial que hay en su contra y quedaron a disposición de la autoridad que los requiere para continuar con sus procesos penales.