Quito . Tras 81 días seguidos de apagones, el impacto en la economía ecuatoriana, en diversos sectores ya supera 8 mil millones de dólares, a pesar del discurso oficial de que la situación mejora y en diciembre acabarían definitivamente las suspensiones de energía.

Considerada la peor crisis de estiaje en Sudamérica, el mayor impacto ha recaído sobre Ecuador, pues sus vecinos, Colombia y Perú estuvieron mejor preparados con su parque termoeléctrico y la planificación en el uso de las hidroeléctricas. Y las causas las han explicado algunos expertos y se concentran en dos elementos: desde 2017, no hubo mantenimiento adecuado a las centrales termoeléctricas y con ello la crisis energética sorprendió en el peor momento, pero también contribuyó el manejo político de la situación por parte del presidente Daniel Noboa, quien no hizo caso a los informes técnicos que ya en febrero y marzo pasado advertían de un estiaje crítico y, en consecuencia, represas hidroeléctricas semivacías.

Los primeros síntomas surgieron a finales de marzo y principios de abril pasados, cuando ocurrieron varios apagones imprevistos y no se tomaron las medidas de emergencia. Incluso, la compra de electricidad desde Colombia no fue la salida más inmediata, pues en ese país también se requería abastecer su red y no podía legalmente vender más de lo previsto a otro país.

Hasta la primera quincena de noviembre, de acuerdo con los datos proporcionados por los sectores empresariales, las pérdidas ya sumaban 7 mil 500 millones de dólares. De ese total, hasta esa fecha, el sector industrial registraba mermas por 4 mil millones de dólares. Por su parte, el sector comercial estaba afectado en 3 mil 500 millones en minusvalías en un país de 17 millones de habitantes.

Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, ha dicho en varios medios: los impactos son inmensos con la consecuente afectación laboral, pues las empresas están despidiendo colaboradores.

Heller reconoció: El sector privado no quiere despedir a sus colaboradores, y nos preocupa no tener producto en perchas en periodo navideño, estamos tratando de contener (estos efectos) a toda costa. Es difícil sostener la productividad en estas condiciones.

En las dos semanas recientes, ese costo habría superado ya los 500 millones de dólares, por la caída de la producción, los ingresos por el turismo, el comercio y el consumo en general. La presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP),

María Paz Jervis, divulgó en un mensaje en su cuenta en la red social X que, si bien las condiciones de sequía estaban previstas, (el gobierno) no gestionó ningún plan de contingencia. Estamos ante una crisis energética con alto impacto en toda la ciudadanía, sin excepción. Es inaudito que el anuncio (de los cortes a la electricidad) se haga sin planificación y a espaldas del sector productivo.

A la vez, reconoció que la iniciativa privada está trabajando contrarreloj para identificar medidas de contingencia que preserven la actividad industrial.

Un conocido empresario del sector turismo, que prefiere el anonimato, señaló a La Jornada que en su gremio no se quiere reconocer, pero la caída de la afluencia de paseantes extranjeros es de 80 por ciento en lo que va del año respecto de 2022, sumado al impacto de 50 por ciento del año anterior, la situación es catastrófica. Al respecto, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, explica que algunos hoteles o restaurantes del país tienen generadores eléctricos, pero los que no tengan tendrán que cerrar, pues hay un alto impacto por el costo del diésel. Otros tendrán que invertir en generadores, dice Muñetón, quien comentó que el precio de cada uno de esos artefactos es desde 3 mil y hasta 50 mil dólares.

Alivios financieros vs. morosidad

Para atenuar, el presidente Noboa, mediante el Decreto 444 del 5 de noviembre de 2024, estableció que las entidades del sector financiero público, privado y popular y solidario, podrán establecer programas de diferimiento de deudas hasta por 90 días, para que cuotas diferidas se trasladen al final de la tabla de amortización de la deuda.

Sin embargo, algunos pequeños empresarios señalan que con esto lo único que se hace es estirar hacia el futuro un problema que no se va a resolver en el mediano o corto plazos.

De acuerdo con Heller, al menos estos alivios financieros procuran un control de la morosidad. De hecho, en Ecuador, el saldo de impagos alcanza 3.61 por ciento de los créditos activos, a octubre de 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca). Es decir, de cada 100 dólares que presta una entidad financiera, 3.61 están en mora.

El déficit eléctrico está entre los mil y mil 200 megavatios; sin embargo, la capacidad instalada para la generación eléctrica con el gobierno de Rafael Correa estaba en más de 7 mil megavatios, con la que producían 14 centrales hidroeléctricas y las termoeléctricas que sólo requerían 80 millones de dólares anuales para su mantenimiento.

Para los expertos, como Fernando Salinas, presidente del Foro de Energía de Ecuador, la falta de inversión en nuevas fuentes de energía desde que en 2016 entró en operación la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que suministra cerca de 30 por ciento de la energía del país, explica esta grave situación que afecta profundamente a los pequeños y medianos comerciales que tienen menos sustento financiero.