Uno de los cambios que el Senado formuló al paquete de reformas secundarias en materia judicial, que presentó la titular del Ejecutivo, es la creación de una comisión de transición entre el Consejo de la Judicatura, que desaparecerá en septiembre del próximo año, y los órganos que lo sustituirán.

Dicha comisión estará integrada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, un consejero designado por el Ejecutivo Federal, una consejera decana elegida por el Senado y un consejero decano electo por el Poder Judicial.

Esta instancia establecerá un plan de trabajo para la transferencia de los recursos financieros, humanos y presupuestales a las distintas áreas.

El paquete plantea la fusión de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral con la nueva Escuela Nacional de Formación Judicial, manteniendo la formación especializada en termas electorales.

Por lo que hace a la Ley de Carrera Judicial, se establece que serán los principios del mérito, capacidad y profesionalismo la columna vertebral en el acceso, permanencia y promoción de los servidores judiciales.

Éstos podrán subir 11 peldaños en el escalafón hasta llegar al puesto de secretario general de acuerdos, pues para convertirse en juez, magistrado o ministro, deberán participar en la elección de juzgadores.

También se creará el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial, el cual contará con un padrón de relaciones familiares.

Para ello, los trabajadores deberán manifestar cada seis meses y bajo protesta de decir verdad, sus relaciones familiares en el Poder Judicial de la Federación por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, así como los potenciales conflictos de intereses en el ejercicio de su encargo.

Las iniciativas aprobadas por la mayoría integrada por Morena, PT y PVEM incorporaron el planteamiento de especialistas de que el presidente de la Corte no puede ser al mismo tiempo el titular del Consejo de la Judicatura.

Esta última instancia será sustituida por el Tribunal de Disciplina y el órgano de Administración. El primero investigará y resolverá casos de responsabilidad administrativa de los juzgadores y atenderá recursos de revisión en procedimientos administrativos.