Al cumplirse 10 años de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a nueve de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), integrantes de agrupaciones defensoras de la infancia y de organismos internacionales, legisladoras y representantes de gobierno, destacaron que esta normativa se ha convertido en un referente en América Latina y que, aunque se ha avanzado en el ejercicio de derechos del sector, prevalecen retos.

En el foro Una década de avances y desafíos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, organizado por la alianza Compromiso con la Niñez, Paula Ramírez, funcionaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), celebró que se cuente con una red de 32 Sipinnas estatales y más de mil 887 municipales, así como 32 procuradurías estatatales de protección de menores de edad y 910 a nivel municipal.

Destacó el fortalecimiento de los sistemas de información y gestión de datos sobre la situación de los derechos de esta población y la mayor participación de la misma en asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos.

Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sipinna, aseveró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será la principal aliada en la mejora de la situación de la infancia y señaló que en esta nueva etapa del Sipinna (en este sexenio) será importante mantener la comunicación con las organizaciones sociales. Además, tenemos una Presidenta que realmente está interesada en el avance fundamental de niñas, niños y adolescentes.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dijo a La Jornada que el nombramiento de Villavicencio es un buen mensaje de un compromiso renovado del gobierno federal para la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes..

Además, celebró que el Sipinna permanezca en la Secretaría de Gobernación, y se haya detenido la reforma que pretendía llevarlo al DIF, porque era una regresión terrible. Incluso, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó en septiembre detener esa reforma.

Comentó que la violencia armada genera condiciones terribles para las infancias y adolescencias que son víctimas de crímenes atroces: desaparición, homicidios, lesiones, orfandad y reclutamiento. También hay retrocesos por recortes presupuestales.

Rosa María Ortiz, ex integrante del Comité de los Derechos del Niño, coincidió en que es muy preocupante la utilización de niños y adolescentes por parte de bandas armadas, la desaparición, la trata y la explotación sexual y laboral.