El Senado aprobó ayer por unanimidad la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, con lo cual se modificaron siete leyes y normas, con el fin de establecer como una obligación del Estado el reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, y dar a las trabajadoras de la administración pública un permiso de seis semanas en caso de adopción de un infante.

También se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, como un instrumento de política pública para erradicar la violencia en contra de estos sectores poblacionales. Morena y la oposición festejaron el aval a estos cambios legislativos, los cuales fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, aunque la segunda advirtió que se requieren recursos económicos suficientes para llevarlos a cabo.

Desde la tribuna, la morenista Martha Lucía Micher resaltó: hoy estamos nuevamente de fiesta, si bien reconoció que aún queda un largo trecho por recorrer, para garantizar plenamente que las mujeres puedan vivir libres y sin miedo en el país.

Susana del Carmen Zatarain, del PAN, aceptó que hay muchas cosas positivas, pero estaremos de fiesta cuando todas aquellas que sufren violencia tengan un lugar de resguardo o reciban apoyo para pagar renta.

Con las reformas aprobadas se modifican las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Federal del Trabajo y de Trabajadores al Servicio del Estado, así como los códigos nacionales de Procedimientos Penales y de Procedimientos Civiles y Familiares.

Además de promover la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, se plantea crear fiscalías especializadas para atender delitos relacionados con la violencia de género y se enfatiza que las medidas de protección serán de urgente aplicación.

En los casos de violencia vicaria, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de los menores y las mujeres.

Igualmente se establece que el Registro Nacional es un mecanismo institucional de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Tiene por objeto garantizar la trazabilidad, estado y efectividad de las medidas de protección ordenadas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana administrará y coordinará la operación de este instrumento y será obligación de las autoridades de las entidades federativas y de la Federación integrar, procesar y actualizar la información.

Reforzar el deber del Estado

Asimismo, se amplía la definición de discriminación y se establece que la protección del derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, será un deber reforzado del Estado.

Durante la discusión, en la cual todas las intervenciones fueron a favor de los dictámenes, tanto Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, como Carolina Viggiano, del PRI, pidieron que se otorguen sin dilación los recursos necesarios para implementar los cambios legislativos.

La priísta destacó que el Registro Nacional de Medidas de Protección es muy importante, porque permitirá articular las medidas de protección que se dictan para las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Agregó que ayudará a una mejor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres.

La priísta Mely Romero aprovecho para criticar el gobierno de Colima, encabezado por la morenista Indira Vizcaino Silva, al cual acusó de no haber cumplido la promesa de dar prioridad a las mujeres. Ejemplificó que de las 18 personas que forman el gabinete, sólo cuatro son del sexo femenino, además de que se han ocultado feminicidios y se han repelido manifestaciones de mujeres con gas lacrimógeno.

Ana Karen Hernández Aceves, del Partido del Trabajo, le respondió que sus acusaciones están inspiradas en anhelos electorales de 2027. Pero estamos en 2024. Si las cosas estuvieran tan mal, cómo se entenderían los resultados electorales de 2024, cuando el pueblo se manifestó de manera contundente a favor de la hoy presidenta del país Claudia Sheinbaum, cuestionó.