Una jueza de distrito suspendió la orden de buscar, localizar y presentar a un niño de seis años a su padre, e instruyó al juzgador civil de primera instancia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, emitir una nueva resolución en la cual, de considerarlo necesario, requiera a la madre presentarlo con los apercibimientos de ley y recabar las pruebas necesarias para comprobar la integridad del menor y posteriormente dirimir a quién de ellos corresponde la guarda y custodia.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que al resolver el amparo indirecto 369/2024, Ana Luisa Mendoza Álvarez, juezasegunda de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, determinó que el juzgador local se precipitó al ordenar a corporaciones policiacas de Oaxaca y Chiapas realizar la búsqueda sin haber emitido lineamientos mínimos que garantizaran la integridad emocional del menor, entre ellos, solicitar el apoyo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia nacional y estatal.

El 22 de febrero pasado, el padre del niño promovió un juicio por el que demandó la guarda y custodia, con el argumento de que éste se encontraba bajo su cuidado; además, señaló que la madre del infante abandonó el domicilio en el que habitaban y había manifestado su intención de llevarse al hijo de ambos a la ciudad de Oaxaca.

Semanas después, el 5 de marzo se solicitó la búsqueda y localización del niño, ya que un día antes, su madre lo recogió en el colegio para llevárselo.

El juez del ramo civil de primera instancia del distrito judicial de Cintalapa ordenó girar el oficio a diversas corporaciones para encontrar al menor y ponerlo de inmediato a disposición del padre.

La madre se inconformó con la medida y promovió un juicio de amparo. Argumentó que se violaron sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Agregó que de conformidad con el artículo 256 del Código Civil para el estado de Chiapas, su hijo de 6 años debía estar bajo el cuidado de su mamá.

Mendoza Álvarez indicó que el juez civil debió analizar el caso con perspectiva de género a fin de verificar si existe una situación de vulnerabilidad para el infante y valorando las pruebas presentadas con el propósito de desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género para erradicar las situaciones de desventaja de todas las personas involucradas.