n corto, pero trepidante, inicio de normalidad ha sido experimentado en unos cuantos días. Por fortuna, y no sin paciencia y habilidad política, se han sobrepasado las sorpresas. La oposición a reformar la Constitución para dar paso a un naciente Poder Judicial ha sido vencida. No hubo necesidad de recurrir a fuerza alguna. El proceso se llevó apegado a la legalidad vigente y dentro de los exigentes cauces de respeto a los derechos humanos.
La exhibición de indebidas facultades legales, tanto de jueces como de magistrados o ministros, no logró descarrilar, como se buscaba, el proceso legislativo. Ya se cuenta con un mejor pacto constitucional que dará sustento a la inédita transformación del cuerpo de justicia nacional.
Qué tanta mejora y cambio se pueda alentar y concretar, dependerá de la habilidad que se despliegue entre los miles de integrantes, de este nuevo cuerpo de funcionarios, electos por el pueblo. La legitimidad, que se consiga con los votos, ayudará a encajar, como es debido, el proceso completo.
Por fortuna, la crítica mediática y la oposición partidista no pudieron lograr su intentona de sabotear el cambio programado. Finalmente, y no sin ironía al calce, reforzaron la voluntad de ir sin tardanza alguna hasta el mero fondo del asunto. La continuidad del esfuerzo transformador libra su primera batalla política. El despliegue, por demás ilegal, de paros y amparos, ejecutados sin concierto y mucha rabia, quedaron a la vera del apoyo popular. El cúmulo de otras colaboraciones, de distintos grupos de poder establecido, tampoco calaron lo suficiente y la tendencia continuó hacia mejores estadios. Las trabas interpuestas, adolecieron de razones válidas que los hicieran prevalecer, tal y como habían logrado en tiempos idos. Ni el diluvio arrastrado por los medios de comunicación –internos y del exterior– pudo dañar la voluntad política para cumplir con lo mandatado por la ciudadanía. La Presidenta y los congresos pudieron terminar su tarea y ahora se disponen a dar concreción en las urnas. Con la confianza de ir completando las etapas, que el proceso mismo requiere, quedará inscrita esta etapa de lucha democratizadora.
La entrega del presupuesto federal para 2025, como efectivo cauce de normalización, ha dado pie a un momento inesperado de sutil opinión desde el Poder Ejecutivo. Al entregar el cúmulo de programas, ya cuantificados y con las jerarquías debidas, ha resaltado una novedosa situación: la conveniencia de contar con mayores recursos a los acostumbrados y exhibidos. Pero, sin duda también, a los que pueden ser recaudados al introducir eficiencias en los procesos fiscales. Ni siquiera la expectativa de una esforzada eficiencia operativa de calado mayor podrá equilibrar los gastos e inversiones con las promesas de crecimiento y bienestar respecto de los recursos ahora disponibles. Aun los que, se sabe y desea, podrán aumentar en caso de un trabajo recaudatorio eficaz.
Haber deslizado tan sugerente posibilidad ocasionó de inmediato la expectativa de una reforma futura que cumpla con dos necesidades. Una por mayores recursos que soporte ambiciones futuras y, la otra, que introduzca la debida justicia distributiva en los equilibrios regionales. Medidas éstas tan esperadas como de difícil implementación. Esto es debido al poder de réplica que tendrán aquellos afectados. Grupos que detentan enormes riquezas, medios y tradiciones de poder que se han ido acumulando de manera veloz en el curso del tiempo.
Haber conseguido superar obstáculos al despuntar este gobierno, ha permitido, a la vez, que la Presidenta pudiera asistir a la reunión del G-20 de trascendencia indudable. Tal parece que despunta un cambio respecto del pasado gobierno. De esta manera, el país estará en condiciones de lidiar con otros en condiciones distintas. La emergencia que implica el nuevo gobierno de Donald Trump, obliga a estrechar alianzas varias y, doña Claudia estará mejor equipada para negociar con él. Es en estas juntas de líderes, primeros ministros, presidentes y organismos mundiales donde se desarrollan los intercambios indispensables. México puede obtener utilidades dado el empaque de su economía y, en particular, su sanidad política. Los pisos adicionales a su transformación pueden encauzarse a través de una activa política externa que los facilite.
