Washington. El saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el suministro de minas terrestres antipersonas a Ucrania, informó ayer el Washington Post, luego de que el Pentágono anunció que enviará a la república ex soviética al menos 275 millones de dólares en nuevo armamento, aseguraron funcionarios estadunidenses citados por la agencia Ap.

Al cumplirse ayer mil días de que Rusia invadió Ucrania con el fin de desmilitarizarla y desnazificarla, el 24 de febrero de 2022, estos son algunos saldos del conflicto:

Puerto Príncipe. Las fuerzas de seguridad y varios habitantes de Puerto Príncipe mataron antier a 28 pandilleros, en plena ofensiva de los grupos criminales contra distintos barrios de la capital de Haití, indicaron ayer las autoridades. Horas después, un fotógrafo de la agencia Afp vio cómo residentes quemaban los cadáveres de presuntos criminales, apilando neumáticos sobre ellos y prendiéndoles fuego. De madrugada, varios agentes interceptaron un camión y un minibús que transportaba a delincuentes en el centro de la capital y en Petion-Ville, zona acomodada de las afueras de la ciudad, refirió Lionel Lazarre, portavoz adjunto de la Policía Nacional Haitiana. En ambas acciones, la policía abrió fuego contra los pandilleros, matando a 10 de ellos y obligando a los demás a huir, según la misma fuente. Uniformados y grupos de autodefensa ciudadana persiguieron a los que habían escapado de las autoridades y los mataron. Al denunciar la violencia y las graves amenazas de la policía, la agrupación Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de sus actividades en Puerto Príncipe, poco más de una semana después de que dos de sus pacientes murieron tiroteados. Desde la semana pasada, la capital haitiana enfrenta un repunte de violencia por parte de Viv Ansanm (Vivir Juntos), la alianza de bandas formada en febrero que logró derrocar entonces al primer ministro, Ariel Henry.

San Salvador. Un juzgado de El Salvador resolvió que el ex presidente Alfredo Cristiani, junto con un ex diputado y nueve militares retirados, enfrenten un proceso penal por su presunta responsabilidad en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por una unidad de élite del ejército el 16 de noviembre de 1989, cuando los imputados ocupaban altos cargos. La decisión incluye órdenes de captura y pedidos de difusión roja contra Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994; el ex diputado Rodolfo Antonio Parker, asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada en esa época, y contra los militares Joaquín Arnoldo Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Rafael Bustillo, quienes no se presentaron a la audiencia preliminar. A ésta únicamente asistieron cinco de los 11 procesados que seguirán con arresto domiciliario.