a magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, recordó ayer que las elecciones auténticas, libres y periódicas no se pueden detener, en referencia a los amparos que algunos jueces se otorgan a sí mismos para frenar la reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre pasado. De manera contundente, Soto expresó que ninguna autoridad puede suspender el derecho al voto de la ciudadanía, porque es la esencia misma de la democracia, y subrayó que lo verdaderamente preocupante sería que una autoridad detenga una elección de voto popular, pues ese día se habrá roto la democracia nacional.

Con sus palabras, la magistrada presidenta ha dado un final simbólico a las pretensiones de la mafia judicial de echar abajo el orden constitucional, institucional y democrático. Un día antes, el pleno del TEPJF ya había resuelto que es constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores, por lo que amparos y suspensiones en curso no tienen efecto en materia comicial. Si se ha tenido que llegar a estas instancias es porque algunos togados se entregaron a la soberbia de creer que sus caprichos se encuentran por encima de la voluntad popular y del texto constitucional. Pero desde hace más dedos meses sus prevaricaciones son nulas de origen, como ya admitieron los ministros sediciosos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras el fracaso del intento de golpe de Estado en que pretendieron sustituir al Legislativo.

Es lamentable que la ciudadanía tenga que ver a decenas de jueces y juezas violando diariamente la Constitución con sentencias y suspensiones ilegales, carentes de cualquier sustento jurídico, cuya única base reside en el empecinamiento de los juzgadores en mantener el sistema de abuso de poder que se les obsequió durante el periodo neoliberal a cambio de que respaldaran por comisión o por omisión el saqueo y desmantelamiento de los bienes públicos, los derechos laborales, los recursos naturales y el espíritu social de la Constitución de 1917.

Los jueces, magistrados y ministros que han puesto a un lado las normas para dar rienda suelta a su codicia son, o se ostentan como, expertos en derecho constitucional, por lo que no pueden alegar ignorancia en el deplorable espectáculo que han brindado al tratar de borrar y rescribir la Constitución a su antojo.

Aunque hasta el momento no ha prestado atención alguna a las leyes, ha llegado la hora de que la facción sublevada acepte el marco legal y el orden constitucional que los mexicanos han decidido darse, cese su amotinamiento, reúna el pundonor necesario para dejar de hundirse en el descrédito y permita el libre desarrollo de la normalidad democrática. Lo mismo vale para el coro de comentócratas que ha sido el principal valedor y la caja de resonancia de la mafia judicial: unos y otros deben asumir que la ciudadanía ha hecho uso de su soberanía para conducir al país por un nuevo rumbo, el cual están obligados a respetar aunque no coincida con sus filias ideológicas y sus intereses personales.