Buenos Aires., La avanzada privatizadora del gobierno del ultraderechista Javier Milei y su acentuada persecución política en diversos frentes se agrava ante la posibilidad de que la Cámara Federal de Casación Penal decida si condena a prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de supuestas coimas en la obra pública de Vialidad Nacional, de la que Kirchner fue sobreseída por falta de pruebas y abierta ilegalmente por jueces del llamado Partido Judicial.

El diputado libertario ultraderechista José Luis Espert, muy cercano a Milei, reiteró que le gustaría meterle el último clavo al kirchnerismo con el cajón de la ex mandataria adentro, repitiendo la amenazante frase del actual presidente de esa nación, que generó indignación nacional e internacional, ya que recordó el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner en 2022, caso que aún no ha sido juzgado.

Las expresiones de Espert en Radio Mitre, un medio alineado con el grupo oficialista Grupo Clarín, provocaron una ola de rechazo y la organización de movilizaciones ante los tribunales el próximo miércoles, en momentos en que la ahora presidenta del Partido Justicialista (peronista) busca unir a sus partidarios en medio de lo que denuncia como una persecución política.

En tanto, el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, fue señalado por clasificar a manifestantes como delincuentes y terroristas, lo cual ha alarmado a diversos sectores. Recientemente, un jubilado resultó herido durante una protesta frente al congreso, donde inconformes exigieron condiciones de vida dignas en un contexto de empobrecimiento acelerado y recortes en programas sociales.

En el plano internacional, el mandatrio ultraderechista expresó su satisfacción ante la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones estadunidenses, considerándolo un aliado junto con el premier israelí Benjamin Netanyahu, a pesar de que no ha logrado establecer contacto directo con él; además, planea viajar a Estados Unidos para abrazar al presidente electo y concretar acuerdos de inversión con el dueño de Tesla, Elon Musk, en especial en el sector del litio, un recurso que ya no es argentino.

La administración de la Casa Rosada está aplicando un verdadero choque de privatizaciones e intenta imponer legislaciones que permitirían un aumento indiscriminado de la persecución política, para imponer graves medidas que afectarán a todo el territorio sudamericano.

Muestra de ello es el rechazo por parte de la oposición a la privatización de Aerolíneas Argentinas y los Decretos de Necesidad y Urgencia que impulsa el mandatario argentino a pesar de que violan la Constitución Nacional, al igual que lo hicieron las dictaduras cívico-militares que durante años gobernaron el país.

La batalla contra las privatizaciones, entre ellas la de la empresa estatal Intercargo, con despidos de sindicalistas y trabajadores ha creado un fuerte malestar debido a que operadores aéreos privados han aumentado los pasajes, imposibilitando el viaje de miles de ciudadanos.

A pesar de las amenazas del presidente de cerrar la empresa aérea estatal si no obtiene los votos necesarios, la creciente resistencia legislativa y la fractura de la Unión Cívica Radical y otros bloques opositores han impedido que logre su cometido.