Cuernavaca, Mor., Peritos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y de la Guardia Nacional (GN) se sumaron ayer a los trabajos de exhumación de cuerpos en una fosa común que lleva a cabo personal la Fiscalía General del Estado (FGE) en el panteón Pedro Amaro, del municipio de Jojutla, con el fin de tomar muestras genéticas que permitan suidentificación.

La coordinadora de la colectiva Buscadoras del Sur, Jael Jacobo Lugo, dijo que el viernes llegaron los dos equipos de especialistas, quienes fueron acreditados por la fiscalía morelense para que se integren a los trabajos de la cuarta diligencia de exhumación.

Con los peritos de dos instituciones, la activista aseguró que las madres buscadoras de personas desaparecidas ya están más tranquilas, toda vez que el pasado miércoles integrantes de los colectivos detuvieron la diligencia en protesta porque solo eran trabajadores de la FGE, quienes ahí laboraban.

Las familias que buscan a sus seres queridos han acusado que personal de la fiscalía estatal participó en las inhumaciones ilegales en las fosas comunes de Tetelcingo y de Jojutla, donde no se cumplió con los protocolos establecidos para poder identificar los cuerpos ahí enterrados.

En tanto, la FGE dijo que el viernes se formalizó la colaboración de la CNB con 11 peritos, para colaborar en la realización del proceso de análisis y obtención de perfil genético que permita emitir un dictamen y el debido resguardo de cadena de custodia, para la confronta genética en las respectivas bases de datos.

Detalló que para dicha labor se acreditó a los peritos de la GN en materia de química, odontología forense y biología”.

La diligencia de exhumación comenzó el pasado 6 de noviembre en dicho panteón, pero sólo con la participación de los trabajadores de la FGE. Ese día las activistas bloquearon los accesos a la denominada zona cero y detuvieron los trabajos en demanda de que otras instituciones, como la GN, participaran en el sitio.

Colectivos no confían en la fiscalía morelense

Dos días antes, miembros de los colectivos advirtieron que no dejarían ingresar a la fosa común del cementerio a los trabajadores de la fiscalía estatal por la desconfianza a la institución, porque en 10 años no han identificado o entregado los cuerpos inhumados de dichas fosas a las familias.

Señalaron además que los entierros clandestinos son evidencia de la irresponsabilidad y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado. Por ello, como colectivos y víctimas, nos es imposible confiar en la institución que ha participado en la desaparición de las personas descubiertas en esas fosas.

En tres diligencias de exhumación de las fosas clandestinas y comunes de la fiscalía estatal, ubicadas en Tetelcingo, municipio de Cuautla, en 2016, y en Jojutla, en 2017 y 2022, se han recuperado 208 cadáveres, pero a la fecha sólo 19 han sido identificados. De los 189 restantes ni siquiera se han validado los perfiles genéticos, denunció Amalia Hernández, tía de Oliver Navarrete Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en Tetelcingo.