Los casinos y empresarios dedicados a juegos de apuestas, carreras de caballos y peleas de gallos sólo pagan impuestos equivalentes a entre 1 y 2 por ciento de sus ganancias, y en 2023 entregaron al fisco más de mil 799 millones de pesos, explicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que recomendó a la Cámara de Diputados aprobar una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos.

En el informe de la cuenta pública de ese año, la ASF revisó la política de supervisión de las apuestas en el país, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, y concluyó que la ley quedó rebasada por la realidad y que su nuevo reglamento ha enfrentado 28 amparos de empresarios, sobre todo porque redujo de 25 a 15 años los permisos para operar casinos.

El ente fiscalizador reportó que en una década, de 2003 a 2013, el gobierno federal y los partidos han intentado actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y se presentaron 13 iniciativas, pero todas se quedaron congeladas. Sólo el año pasado, la Cámara de Diputados recibió tres de esas iniciativas y el Senado una.

Las propuestas de reforma buscan regular de manera correcta las apuestas por medios electrónicos, al considerar su auge en el país, así como la operación de los casinos y adaptar el marco jurídico a las nuevas modalidades del juego.

Además, el 19 de junio de 2023 se presentó otra iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca regular la publicidad de casinos y casa de apuestas, donde se reconoce que la ley de juegos está rebasada por el contexto nacional e internacional. Sigue congelada en San Lázaro.

Para la ASF, aun cuando Gobernación ha fortalecido sus atribuciones con el nuevo reglamento de 2023, la falta de una nueva ley que se ajuste al contexto actual limita la política de supervisión del juego en el país. Citó, por ejemplo, que de los 28 amparos contra el reglamento –en vigor desde noviembre del año pasado–, cuatro ya cuentan con sentencia firme en favor de una empresa.

Dicho reglamento buscó endurecer las medidas contra la ludopatía y frenar las apuestas ilegales; por ejemplo, prohíbe los juegos no contemplados en la ley, que las participaciones sean determinadas por lineamientos de la secretaría y que diversos establecimientos no puedan operar con un mismo permiso.