De los recursos que el gobierno federal les transfirió en 2023, institutos de capacitación para el trabajo, de apoyo al desarrollo tecnológico, colegios de estudios científicos y tecnológicos estatales, así como colegios de bachilleres de todo el país, gastaron más de 731.6 millones de pesos en obras y acciones inexistentes o no comprobables, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Estas irregularidades se presentaron en entidades con mayor grado de pobreza en su población, como Oaxaca y Guerrero, en rubros destinados a educación.

Por medio de diferentes fondos federales, estos centros de capacitación e institutos de enseñanza incurrieron en compras y gastos que no pudieron comprobar o justificar, por lo que no ejercieron el dinero federal de manera eficiente y transparente, revela la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública 2023.

De este total de fondos públicos que los institutos y centros de capacitación de los estados no pudieron comprobar o que gastaron en compras directas y sin adjudicación, destaca la Auditoría al Instituto del Bachillerato de Guerrero, pues no pudo presentar documentación justificativa de 90 por ciento del monto total que recibió de la Federación.

La ASF revisó 110 millones 487 mil 700 pesos que el gobierno dio a este instituto de Guerrero, de los cuales no pudo entregar documentación para comprobar en qué gasto 98 millones 580 mil 100 pesos, es decir, que de cada 10 millones gastados, no pudo demostrar cómo y en qué utilizó 9 millones.

No presentó la documentación comprobatoria que acredite el registro de los recursos, señala el dictamen de la ASF; añade que realizó compras directas y no justificó la realización del proceso de adjudicación, la investigación de mercado y la cotización.

Además, pagó a proveedores más de 3 millones 280 mil pesos para materiales y servicios, sin presentar la evidencia de la recepción de los bienes ni de su resguardo e inventario.

Otro caso relevante es en el que incurrió el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, ya que no pudo comprobar la erogación de 139 millones 617 mil pesos que recibió del Fondo de Aportaciones Múltiples, pues no contaba con las pólizas presupuestales, además de que se identificaron 57 comprobantes fiscales digitales por Internet por 41 millones 258 mil pesos, que no cuentan con la descripción detallada de los productos adquiridos.

Además de estas irregularidades, la ASF detectó que el gobierno de Jara mostró conceptos de obra pública no ejecutada, así como beneficiarios fallecidos, los cuales recibieron apoyos por 3 millones 500 mil pesos.

En tanto, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora destinó 40 millones 507 mil pesos a pagos improcedentes a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo y por comisión sindical, entre otros.