San Cristóbal de Las Casas, Chis., El vicario de la diócesis local, Miguel Montoya Moreno, afirmó que a partir del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial en nuestra diócesis, ya que se han reportado movilizaciones de vehículos y gente en motocicleta cubierta del rostro, lo que preocupa porque está siendo un riesgo para realizar el servicio pastoral.

En rueda de prensa, expuso: nos llama la atención que el nivel de inseguridad en el estado se ha incrementado mucho, no sólo para quienes ejercemos una labor ministerial en el credo, sino para todos los que estamos viviendo en Chiapas; estamos en riesgo, lo que preocupa.

Junto con los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, y Luis Manuel López Alfaro, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a que ofrezcan seguridad no sólo para los servidores de la iglesia, sino para todos los habitantes de la entidad.

Subrayó: la violencia sólo la vemos y sufrimos nosotros, pero no las autoridades, a las que pedimos con respeto que ofrezcan garantías de seguridad. Que no cierren los ojos a la realidad de la violencia que tenemos y que se ha disparado, sin que sepamos si va a disminuir; más bien va en creciente aumento y se está haciendo el pan nuestro de cada día.

El obispo Aguilar Martínez aseguró que hay varios sacerdotes en riesgo. No decimos los nombres por razones obvias.

Presente en la rueda de prensa, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, con sede en el estado de Guerrero, el sacerdote Filiberto Velázquez, que acompaña la investigación del caso Marcelo, denunció que sus abogados y personal de la fiscalía están siendo hostigados para entorpecer la indagatoria.

“En el equipo de abogados y en la fiscalía se ha tenido un hostigamiento de estas personas (...) como mencionó el vicario de justicia y paz, ha habido presencia de personas en motocicletas cuando se han realizado recolección de pruebas, especialmente de video. También, cuando iba a entrar a su domicilio uno de los abogados dos personas rodearon su vehículo e intentaron entrar, pero por la presencia de más personas se fueron. Para nosotros es un acto de intimidación, sin que sepamos de quién.

Señaló que en torno del crimen del sacerdote tsotsil hay varias líneas de investigación, pero no se puede tener claro un móvil. Hay un poco de verdad recolectándose pero se debe respetar el debido proceso para que las autoridades lleguen hasta los autores intelectuales.

Añadió: “Estamos en la etapa de investigación complementaria. Hay una persona vinculada a proceso y dos con orden de aprehensión sin ejecutar. Sabemos quiénes son, pero no podemos revelar sus nombres.

Estamos en el término de tres meses de investigación complementaria y la Fiscalía General de la República necesitará seis meses para ampliar ampliarla a un juez federal. Esperamos que pronto las órdenes de aprehensión sean giradas por un juez federal.

Exhortó a las autoridades a actuar de acuerdo con sus atribuciones y generen espacios para que el legado del padre Marcelo se considere como un antes y un después, con la construcción de procesos de paz y de respeto a los derechos humanos en los diversos territorios de México y Chiapas.

Aguilar Martínez comentó que las autoridades correspondientes no han informado oficialmente a la diócesis sobre el avance de la investigación.