La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagó en 2023 más de 30 millones de pesos a dos empresas que incumplieron obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

En una revisión de cumplimiento realizada como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, se encontró que al menos 196 trabajadores registrados en las listas de asistencia por las empresas Aquaseo SA de CV y Semalyn SA de CV –a las que la Cancillería adjudicó tres contratos y pagó 30 millones 344 mil pesos por servicios de limpieza– no estaban en las bases de datos del IMSS.

Al verificar el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales de Aquaseo y Semalyn, contratadas por la SRE con cargo en la partida presupuestal Servicios de lavandería, limpieza e higiene, la ASF solicitó al IMSS la información correspondiente a sus trabajadores activos en 2023.

La ASF concilió los nombres de los trabajadores activos consignados en las listas de asistencia durante enero, marzo y mayo de 2023, contra la información del pago de las cuotas obrero-patronales proporcionada por el IMSS.

Comprobó que las empresas no pagaron al IMSS las cuotas obrero-patronales de 196 trabajadores, además de que dieron de baja a seis empleados entre el 17 marzo y 17 de mayo de 2023, aun cuando laboraron hasta el 31 de mayo.

Por estas irregularidades, la ASF emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, con la que informó a las autoridades tributarias de posible incumplimiento.

Entre los hallazgos, la auditoría detectó la existencia en la SRE de plazas y contrataciones adicionales a las autorizadas en el presupuesto oficial, con 19 estructurales y 12 eventuales extra. Esta situación se atribuye a una falta de actualización en los registros administrativos de la SRE, un problema que la dependencia se comprometió a subsanar en 2024.

Otra irregularidad se observó en la documentación incompleta en los expedientes de personal de la Cancillería. De 450 archivos revisados durante la fiscalización, varios carecían de elementos como cédula profesional o comprobante de estudios.

La ASF concluyó que en términos generales la SRE ejerció su presupuesto conforme a la ley.