En la compra de artículos para afectados por el huracán Otis en octubre de 2023, en los municipios guerrerenses de Acapulco y Coyuca de Benítez, la Sedena incurrió en diversas irregularidades, entre ellas la compra de miles de electrodomésticos sin registrarlos en su programa de adquisiciones, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la segunda entrega de informes individuales de la cuenta pública 2023, la entidad revisora del Congreso auditó el funcionamiento de dos partidas presupuestales destinadas a enseres para atender a la población perjudicada por fenómenos naturales. La ASF explicó que la Sedena no contaba con recursos específicos para ese rubro, pero la Secretaría de Hacienda le autorizó ocho ampliaciones presupuestarias por un total de 3 mil 452 millones 513 mil 500 pesos, que ejerció en su totalidad.

Al evaluar la actuación de la Sedena, la Auditoría documentó que en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no registró 6 mil unidades refrigeradoras, así como la misma cantidad de estufas, colchones matrimoniales, licuadoras, juegos de batería y ventiladores, previstos en dos contratos adjudicados en licitación de contratos de licitaciones electrónicas internacionales.

Tampoco la compra de 63 mil 500 refrigeradores, 20 mil 980 estufas, 83 mil 544 colchones matrimoniales, 160 mil licuadoras, 50 mil juegos de batería y 104 mil 544 ventiladores, adquiridos mediante otros 12 contratos directos. Todo ello ameritó una promoción de responsabilidad administrativa contra el servidor público responsable de dicha omisión.

Por otro lado, la ASF señaló que los fallos de dos licitaciones públicas electrónicas internacionales se publicaron con un desfase de 33 y 65 días posteriores al plazo establecido, y que las notificaciones de 12 adjudicaciones directas no incluyeron la fecha, hora y lugar de la firma de los contratos.

La Sedena también formalizó 10 convenios el mismo día en que se notificó la adjudicación de los mismos, y se comprobó que tres de sus empresas proveedoras no proporcionaron –o lo hicieron fuera de tiempo– una o más constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el SAT, el IMSS o el Infonavit.