a Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma llamada de supremacía constitucional, mediante la cual se establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. La aprobación de las modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna desató una reacción desproporcionada entre los legisladores de oposición, quienes calificaron la enmienda de muerte de la República, una regresión histórica, la pérdida de la última línea de defensa de los ciudadanos, el asesinato de la Constitución a manos de Morena, el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes totalitarios, entre otras expresiones estridentes.

El encontronazo de ayer en San Lázaro se inscribe en el pulso que el partido gobernante mantiene con el bloque de derechas que se ha atrincherado en el Poder Judicial tras sus estrepitosas derrotas en las urnas. Al llevar a la Constitución el artículo 61 de la Ley de Amparo, Morena y sus aliados buscan poner fin al golpeteo del Poder Judicial para echar abajo la reforma que le obliga a democratizarse y que tiene como objetivo lograr que finalmente los togados actúen con apego a la legalidad, la democracia, la sensibilidad social y la ética que les exigen sus cargos.

Desde que se presentó la reforma al Poder Judicial, los integrantes de esta rama del Estado emprendieron una hipócrita campaña de desinformación y chantajes en la que se presentaron como defensores de la ciudadanía ante las arbitrariedades de los poderosos. Esta campaña fracasó y sigue fracasando porque casi cualquier persona que no pertenezca a las elites y se haya visto en la necesidad de dirimir un asunto en tribunales ha sufrido la corrupción, la indolencia, el tráfico de influencias, el desprecio a la ley, la soberbia y la prevaricación que imperan en la Judicatura.

Lo que los ciudadanos ya sabían, por su propia experiencia o por haberse informado, se ha convertido en un lamentable espectáculo en meses recientes, en que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han emitido un sinfín de resoluciones para echar atrás la reforma a sabiendas de que carecen las facultades para ello y de que las suspensiones que emiten al por mayor son nulas de origen, así como violatorias de la separación de poderes y rayanas en la sedición.

La ruptura con la sensatez se ha profundizado desde que ocho de 11 miembros del máximo tribunal votaron a favor de revisar la validez de la Constitución, un acto contrario a la legalidad que nunca antes se había llevado a cabo. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que la SCJN modifique a su antojo la Carta Magna, el cual será votado el próximo martes, representa la prueba definitiva de que el mismo González, Norma Piña, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Luis María Aguilar pretenden instaurar un supremo poder conservador a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador de la Constitución.

Cuando González Alcántara dijo que, en caso de desacatar la invalidez de reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum dejaría a México sin Suprema Corte, reveló que la supuesta discusión del martes 5 será una mera simulación ante decisiones tomadas de antemano, en conciliábulos clandestinos como los que organizó en su casa con políticos afines de cara a las pasadas elecciones de junio.

Asimismo, olvidó completar que los responsables de dejar al país sin su tribunal de constitucionalidad son él y sus colegas, quienes se aprestan a dar a la titular del Ejecutivo órdenes que no puede acatar por ser flagrantemente ilegales.

Poco o nada cabe esperar de un grupo de funcionarios que se ha mostrado tan reacio a respetar la democracia, pero se harían un gran favor a sí mismos si en los meses que les quedan al frente del Poder Judicial encuentran el decoro para dejar de reducir esa institución a una inoperancia e irrelevancia que no sólo daña a la propia Judicatura, sino al conjunto de la sociedad.