El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha iniciado los trabajos hacia la elección de juzgadores y, en cambio, ayer se recrudecieron las divisiones en el Consejo General, cuando seis de sus integrantes impusieron su mayoría para que el instituto interponga una controversia constitucional contra los cambios legales que permiten a su titular nombrar a los directivos sin el aval de dicho Consejo General.

La reforma que provocó el desacuerdo fue la aplicada por el Legislativo a dos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en el contexto de los cambios al Poder Judicial de la Federación.

Frente a ello, el grupo de consejeros antagónicos a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que las nuevas atribuciones lesionan la colegialidad porque el máximo órgano de decisión es el Consejo General, no la presidencia ni la Junta General Ejecutiva (JGE), donde confluyen los principales funcionarios del instituto.

El asunto es que los seis opositores prepararon en sigilo la estrategia jurídica y sus compañeros se enteraron el martes, ya cuando el punto había sido incluido en el orden del día, sin decir agua va, pese a que hasta último momento Taddei les pidió no hacerlo.

Y así se los reprochó en público: Vendrán tiempos incluso un poquito peores a éste, que está siendo provocado desde dentro por seis consejeros, que pone en la luz al instituto de una manera incorrecta, porque los convoqué a resolverlo aquí adentro, los convoqué a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica.

Les señaló también la contradicción entre defender el carácter colegiado del INE y, a la vez, tomar decisiones grupales, sin buscar el consenso; argumentó que la reforma a la Legipe no fue aprobada de manera subrepticia y se manifestó a favor de respetar la facultad total y absoluta del Poder Legislativo.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien además es el presidente de la Cámara de Diputados, les anunció que ésta llevaría a rango constitucional las nuevas atribuciones de la presidencia y de la JGE.