Cali. En la 16 edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad Mundial (COP16), el tema central a resolver es el financiamiento para el rescate de ecosistemas, no sólo para atajar la erosión común, sino también la provocada por los grupos criminales que se han apropiado de valiosos recursos.

Así lo advirtió José Gregorio Díaz Mirabal, dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), región que abarca zonas de ocho países.

En el panel científico había un especialista que dijo algo muy cierto: estamos en un punto de no retorno, o sea, es muy poco el tiempo que queda para salvar la Amazonía o entrar ya en el caos de los incendios, las inundaciones , la sequía y la falta de agua, destacó.

También está la visión política del parlamento, del tratado de cooperación amazónica, que tiene que ver con la voluntad política, porque muchos gobiernos no están implementando medidas para salvarla.

Esa es otra alerta y una más es la relacionada con las economías criminales: tala y minería ilegales, el tema de los combustibles fósiles, petróleo, narcotráfico; hay mucha deforestación por esas causas, y si no se atiende no vamos a poder resolver los problemas, advirtió .

El dirigente sostuvo que sus tierras requieren apoyo operativo y financiero, aunque ante los actos de erosión, los indígenas sí hemos trabajado para conservar nuestros territorios.

Esta región amazónica incluye –entre algunos más– a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela .

Con esa voz, Díaz Mirabal dejó en claro que esta vez asisten a la COP16 no sólo para ver las decisiones de los demás, sino para exigir a los gobiernos que volteen a vernos; necesitamos más presencia del Estado, especialmente donde están los actos ilegales, la economía ilegal a costa de la biodiversidad.

Por un lado, cientos de delegados se movilizan en estos días con la finalidad de lograr mejores condiciones para sus naciones y organizaciones. En la contraparte están los que pueden y quieren aportar, principalmente naciones de Europa y, en menor cuantía, instancias financieras internacionales.

El tema lo puso en relieve desde hace semanas la ministra de Medio Ambiente de Colombia – país anfitrión–, Susana Muhamad, quien es además la presidenta en turno de esta cumbre de las partes involucradas en la (COP16).

Advirtió sobre la necesidad de nuevas formas de financiamiento, como la única vía de alcanzar los objetivos de este mecanismo, los cuales pueden resumirse en reducir la afectación a los ecosistemas y reparar.

Pero si el dinero no es suficiente, ¿a quién le debe tocar?

Algunos de los participantes han metido otro elemento a la ecuación: ¿es necesario generar un nuevo esquema para la recepción de los recursos y su posterior reparto? Si bien el financiamiento negociado en este tipo de reuniones va para la protección a medio ambiente, agricultura, agua, saneamiento y políticas y regulaciones gubernamentales, principalmente, plantean el análisis de la forma de repartir y, sobre todo, dejar en claro a quién debe tocar una mayor parte, quizá más allá de la preponderancia del beneficio de los países de África, como el bloque de naciones más vulnerables, sino como se planteó la víspera: incluir a otros grupos, como los afrodescendientes y, claramente, los indígenas.

Las preguntas deberán quedar resueltas en los días siguientes con las reuniones y negociaciones de alto nivel en las que participarán representantes de casi 200 naciones y grupos específicos.