Con el objetivo de bajar de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión y garantizar el pago a personas con discapacidad de hasta 65 años, la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una reforma al artículo 4 constitucional. También modificó el artículo 27 constitucional, para hacer obligatorio el programa Sembrando Vida.

La discusión se alargó por más de 11 horas, a pesar de que todas las bancadas anunciaron que votarían en favor de la iniciativa que presentó en febrero el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual se incluyó que el Estado entregará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que siembren árboles frutales, maderables y especies procesadas.

Durante la discusión del dictamen en lo particular, de las 229 reservas presentadas, el pleno aceptó únicamente una de la diputada petista Lilia Aguilar, quien introdujo el tema de vivienda, que no formaba parte del alcance del dictamen.

Con ello, se incluyó establecer en el artículo 4 constitucional que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada.

La redacción vigente prevé que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La modificación, explicó Lilia Aguilar, obedece a que el término familia suele relacionarse a la unión de una mujer y un hombre, y a que las palabras digna y decorosa pueden resultar de interpretación ambigua y hasta clasista.

En el debate sobre la reforma de bienestar, donde se incluye la continuidad de los precios de garantía en diversos alimentos básicos, así como otorgar apoyos a agricultores y pescadores en pequeña escala, los legisladores de Morena y sus aliados destacaron que tanto las personas adultas mayores como las que viven con alguna discapacidad han mejorado su calidad de vida gracias a la entrega de pensiones y apoyos sociales.

Tan sólo en 2024, destacaron, hubo una inversión social de 465 mil millones de pesos en apoyos para adultos mayores y de 27 mil millones para personas con discapacidad, mientras en el periodo neoliberal los programas sociales sólo eran paliativos para unos cuantos.

Aunque la oposición se sumó a la iniciativa, también advirtió que la entrega de apoyos y pensiones ha tenido un enfoque clientelar y ha registrado supuestos casos de ineficiencia y corrupción. Por ejemplo, señalaron los diputados opositores, la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades por 32 mil millones de pesos en la entrega de pensiones para adultos mayores tanto sólo en la cuenta pública 2022.