Ante la advertencia de la imposición de una multa económica, cárcel e incluso destitución de los 66 diputados locales, la presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, respondió que el Poder Legislativo local llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la construcción de una megatorre residencial en el Bosque de Chapultepec.

En entrevista, la diputada de Morena acusó al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de ordenar al pleno del Congreso modificar el uso de suelo del predio de la calle Montes Apalaches número 525 sin seguir el proceso previsto en la ley, que implica el análisis de una iniciativa en comisiones y la emisión de un dictamen.

Explicó que el cumplimiento de la resolución por el Congreso tenía como fecha límite ayer, 21 de octubre; sin embargo, dijo que el paro de labores en el Poder Judicial les benefició, pues ese plazo queda sin efecto, por lo que están preparando la estrategia jurídica ante la Corte.

“Hay un tema de corrupción en este proceso porque no entendemos esta resolución de la jueza de que no sabe el proceso legislativo; el pleno no hace cambios de uso de suelo.

Ahora, como el PAN ya se echó para atrás y quiere que sí cumplamos con lo que se está mandatando, entonces ya ahí vamos a tener un problema porque mañana (hoy) yo voy a informar sobre un comunicado que nos manda el PAN donde pide que yo someta a votación lo ordenado por esta jueza, pero nosotros vamos a ir a la Suprema Corte, comentó Ávila, quien indicó que  tampoco es posible atender la resolución en el sentido de regresar el terreno a un uso de suelo habitacional, cuando nunca lo ha tenido.

A partir de una expropiación del predio de Montes Apalaches 525, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, autoridades capitalinas y la inmobiliaria Trepi han enfrentando una batalla legal por dicho terreno.

En su momento, el terreno de 4 mil 799 metros cuadrados fue declarado área de valor ambiental, lo que prohíbe la construcción de cualquier inmueble; incluso en 2013 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal indicó que la inmobiliaria sólo acreditaba la propiedad de la mitad del terreno, unos 2 mil 550 metros.

Debido a que el gobierno de Manuel Camacho Solís no realizó el pago de la indemnización ni se dio el mantenimiento necesario, la jueza cuarta de distrito en la capital, María Guadalupe Rivera González, otorgó un amparo a la inmobiliaria para que se realizara el cambio de uso de suelo, y además que en el predio se construyera una torre residencial.