El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) analizará hasta el próximo miércoles la situación que vive la impartición de justicia en el país, luego de que ya se cumplieron dos meses de paro de actividades en todos los juzgados y tribunales, y todos los días se han suspendido 400 audiencias, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las decisiones que se tomen para reactivar las actividades son competencia únicamente de la Judicatura y no puede intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicaron.

Para algunos de los entrevistados –altos mandos del PJF–, con el paro de actividades y las consecuencias que ha dejado, el CJF ha incumplido el artículo 86 en su fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la obligación de ese órgano de dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los tribunales de circuito, juzgados de distrito, plenos regionales y órganos auxiliares.

Lo anterior, porque de acuerdo con la circular 22/2024, en el ámbito del derecho burocrático, se reconoce la posibilidad de que los empleados al servicio del Estado puedan paralizar labores, en defensa de sus derechos laborales.

Sin embargo, el mismo documento emitido el pasado día 16 señala que en el caso concreto, no se advierte que los trabajadores, a través de los medios que proporciona el derecho, hayan ejercido algunas de las figuras previstas en las leyes burocráticas correspondientes.

Asimismo, dicha circular destaca que el acto de protesta, consistente en no reanudar labores, impedir el acceso a los edificios de los tribunales y no dar trámite a los asuntos jurisdiccionales de la competencia del PJF, tampoco encuentra respaldo en el derecho burocrático”.

Por ello, señalaron, habrá que esperar a la próxima sesión de pleno de la Judicatura para conocer las decisiones de sus siete integrantes y la respuesta ante las votaciones en favor del paro, siendo que hay mesas de negociación y estudios en curso, cuyos resultados darán respuesta a algunas de las peticiones de los empleados.

Se estima que la posibilidad de garantizar que durante 2025 todos los trabajadores del PJF, que son más de 50 mil, sigan ganando el mismo salario y percibiendo los bonos y prestaciones de que gozan, sería suficiente para que se levante la suspensión de labores.