Senadores de Morena impulsarán juicio político contra la jueza que ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial, así como de los demás juzgadores que han dado entrada a amparos para frenar esa modificación constitucional encaminada a elegir mediante el voto popular a los titulares de la Corte, así como de juzgados y tribunales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, y sus compañeros Luis Fernando Salazar y Saúl Monreal advirtieron que no puede tolerarse más esa actitud de los juzgadores, la cual viola la división de poderes y la propia Carta Magna, con tal de detener esa enmienda encaminada a eliminar la corrupción, el nepotismo y el dispendio en el Poder Judicial.

Quienes pretenden desconocer e invalidar una reforma constitucional que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y la gran mayoría de los legislativos locales, que pasan por encima de lo establecido en el artículo 39 constitucional, donde se establece el derecho del Poder Legislativo a reformar la Carta Magna, incurren en responsabilidad y deben ser sancionados, advirtió Salazar.

Sin embargo, agregó que la opción no es acudir al Consejo de la Judicatura Federal, que en 24 años sólo ha sancionado a nueve jueces. Ha encubierto comportamientos vergonzosos en estos últimos años, y por ello, en la reforma este órgano desaparece y en su lugar actuará el Tribunal de Disciplina Judicial.

Al respecto, Saúl Monreal, presidente de la Comisión Jurisdiccional, que es la instancia en el Senado para resolver sobre los juicios de procedencia, una vez que el asunto haya concluido en la Cámara de Diputados, adelantó que va a solicitar a la colegisladora, que es la instructora, iniciar el procedimiento.

Más de mil peticiones

Ante diversas resoluciones judiciales con que Morena ha estado inconforme, legisladores de ese partido han amagado con juicios políticos contra los jueces involucrados, pero en muchos de esos casos no se han llevado a cabo los procedimientos de queja, con los cuales, además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su desacuerdo, por considerar que sería caer en la provocación.

Uno de los casos más recientes se dio cuando la Corte anunció, de forma inédita, que revisaría la validez de la reforma al PJF, e incluso podría declararla inconstitucional.

A inicios de octubre, un grupo de senadores guindas, entre ellos Saúl Monreal y Cantón Zetina, y el petista Gonzalo Yáñez, consideró que sería válido iniciar un juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los otros siete ministros que avalaron la mencionada postura.

Unos meses antes, en abril, el entonces presidente nacional de Morena, Mario Delgado –hoy titular de la SEP–, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar anunciaron que interpondrían una demanda de juicio político contra Piña por supuestamente admitir y filtrar una denuncia anónima contra el propio Zaldívar, pero éste nunca ratificó la queja.

Sin embargo, según datos extraoficiales, en la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados –instancia que da trámite a las solicitudes de juicio político– hay más de mil peticiones acumuladas desde hace varias legislaturas, las cuales deben atenderse empezando por las más antiguas.