El regreso a las actividades apoyado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) quedó en simulación. Las organizaciones de inconformes con la reforma judicial negociaron desde hace días la emisión de acuerdos para continuar con el paro y declarar días inhábiles hasta el 18 de octubre, aduciendo causas de fuerza mayor, debido a la participación de trabajadores de base, por honorarios y mandos medios en las protestas que llevan a cabo desde hace 58 días.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó en votación dividida que aceptaba la suspensión de actividades hasta el 11 de octubre, los trabajadores de base han señalado que seguirán en paro por tiempo indefinido; la mayoría de jueces y magistrados federales votó por regresar a sus funciones, pero desde la noche del martes comenzaron a emitir circulares informando que no habría actividades jurisdiccionales, y los opositores a la reforma judicial colocaron cadenas en los accesos, advirtieron que nadie que no tuviera que ver asuntos considerados urgentes entraría y en algunos casos reforzaron su presencia en las puertas de los centros de justicia.

En respuesta a las demandas de trabajadores inconformes, el pleno del CJF acordó por unanimidad de votos en lo general las siguientes medidas: en términos de salario y prestaciones de 2024, se estableció que los recursos se asignarán en los términos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año, es decir, se consideran los recursos del pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y obligaciones de carácter laboral.

En cuanto a la petición de asignar a planilla definitiva las plazas a disposición del CJF, el Consejo respondió que éstas serán asignadas a las planillas definitivas de los órganos jurisdiccionales de manera gradual durante el periodo de transición de la reforma constitucional atendiendo la carga de trabajo de los órganos.

Otro punto de implementación fue incluir en la próxima sesión la propuesta de eliminar la facultad de los titulares prevista en el artículo 51 bis del acuerdo general del pleno del CJF que permite a los titulares de los órganos jurisdiccionales remover a un trabajador de base.

El CJF cuenta con una plantilla de más de 50 mil trabajadores de base y confianza en 932 órganos jurisdiccionales (tribunales y juzgados) especializados en materias civil, administrativa, del trabajo y penal. De ellos, 24 mil 665 son de apoyo jurisdiccional, 4 mil 44 administrativos, 7 mil 682 secretarios y mil 656 jueces y magistrados, por mencionar algunos.

La mayoría, alrededor de 30 mil, están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial Federal (STPJF), que dirigen Gilberto González Pimentel, quien les aseguró que sus ingresos y salarios no son afectados por la reforma judicial y que, en todo caso, quien quiera participar en las protestas tiene el derecho de hacerlo. Otros pertenecen al Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, que apoya el paro de actividades.

Sin embargo, ambas asociaciones se debilitaron durante el paro. Tras la aprobación de la reforma judicial, trabajadores de base y confianza del CJF decidieron iniciar la conformación de una coalición denominada 32 Circuitos Unidos, quienes en su momento solicitaron al CJF que los reconociera como interlocutores válidos para defender sus derechos laborales ante la inacción de los sindicatos con registro oficial. Ellos lograron tener representantes en cada uno de los circuitos del país.

También está Patricia Aguayo Bernal, quien se autodenominó vocera de los trabajadores de base del PJF, pero además recibe apoyo del Movimiento Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional, este último que integran Emilio Álvarez Icaza y el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, lo que generó que varios de sus compañeros la rechazaran.

En tanto, trabajadores que laboran en juzgados del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur también continuaron en paro de labores, luego de que les notificaron de los oficios de tribunales colegiados en materia penal y de apelación del primer circuito.

En el Reclusorio Norte se suspendieron las labores. Sólo personal pudo ingresar al recinto. No obstante, únicamente se observaron un par de lonas pegadas, pero no había movimiento por parte de los trabajadores.