Madrid. Por Primera vez en la historia, el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, una de las figuras más relevantes del sistema penal, será juzgado por el Tribunal Supremo por el delito de revelación de secretos, tras dar a conocer datos personales relacionados al caso de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado de fraude fiscal.

El máximo responsable de la Fiscalía emitió una nota para anunciar que no renunciará con el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menor gravoso y más prudente, tras recibir además el espaldarazo del gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y por los dos partidos que forman la coalición en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.

García Ortiz fue nombrado por Sánchez y goza de autonomía para actuar, máxime cuando es la cabeza de la estructura fiscal que indaga en delitos relacionados con el ejercicio del poder, como actos de corrupción, nepotismo o negligencia.

Luego de que la sala de lo penal del Tribunal Supremo dio a conocer su imputación, el fiscal García Ortiz externó su intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, y advirtió que si bien esta situación es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no sólo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la justicia española.

▲ Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general de España en enfrentar un proceso judicial. La imagen es de julio de 2022.Foto n Europa Press

Sánchez afirmó hace unos meses, ante la posibilidad de que se diera este escenario, que el gobierno apoyará al fiscal y en ningún caso es partidario de su dimisión.

Y así lo ratificó el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños: lo tenemos claro; entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad.

En medio de esta tormenta judicial y política, la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo que dada su condición de aforado inicie los trámites para la imputación de José Luis Ábalos, actualmente diputado sin partido, y quien fue mano derecha del presidente Sánchez durante su primera etapa en el gobierno, cuando fue ministro de Fomento y secretario de organización del partido. Se le acusa de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, entre otros delitos.