José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aseguró que, considerando sólo los ingresos laborales, 35 por ciento de la población no puede adquirir la totalidad de la canasta alimentaria y 39 por ciento de los hogares con jefatura femenina se encuentran en esa situación.

Además, se refirió a las brechas salariales del mercado laboral, ya que más de tres cuartas partes de la población ocupada perciben hasta tres salarios mínimos y 47.5 por ciento de las trabajadoras mexicanas reciben sólo uno.

Comentó que las jornadas laborales son excesivas en México, lo cual afecta la salud y el bienestar de los trabajadores y de sus familias y frena la productividad.

Casi tres de cada 10 personas ocupadas trabajan más de 48 horas semanales y poco más de la mitad de éstas lo hacen más de 56 horas a la semana, aseguró.

En cuanto a estabilidad laboral, planteó que los trabajadores del sector informal, con empleos temporales o subcontratados, son los más afectados por la rotación. Sólo 38.5 por ciento del total de las personas ocupadas tienen un contrato.

Respecto al trabajo infantil, detalló que 3.7 millones de niños y adolescentes se encuentran laborando y 2.1 millones estaban ocupados en actividades no permitidas en 2022.

Finalmente, el Coneval sugirió la creación de una estrategia de incentivos fiscales y financiamiento para pequeñas y medianas empresas dirigida a reducir los niveles de informalidad en el país.

En el mismo encuentro, Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora de la educación desde 1970 y autora de más de 150 trabajos en el rubro, declaró que el gobierno federal requiere romper el carácter inercial de los presupuestos destinados a la educación, invertir más en el sector y distribuir el gasto adicional con criterios de equidad, declaró.

Al participar en el seminario Propuestas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para avanzar en la garantía de los derechos sociales, la académica expuso que la actual administración tendrá menos dinero porque busca reducir el déficit fiscal de 5.9 a 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Gran parte de lo comprometido para la educación se va a becas universales que restan recursos a los deciles más pobres. A pesar de ello, habría que procurar que el gasto no corriente en la educación se destine preferentemente a quienes ya sabemos se encuentran en condiciones de desventaja educativa.