Santiago. Por la unanimidad de sus miembros, la Corte Suprema de justicia de Chile, decidió ayer la destitución de una de sus integrantes, la magistrada Ángela Vivanco, a quien consideró responsable de “mal comportamiento, irregularidades y un proceder incompatible con las funciones del cargo, en relación a un escándalo de corrupción que implica a varias instituciones del país.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, sostuvo que las acusaciones en contra de Vivanco son de tal gravedad que dañan los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que gobiernan a la magistratura.

Es otra de las secuelas que va dejando el caso audios, una trama de conflictos de interés, tráfico de influencias, probables delitos de cohecho y prevaricación, entre otros, el cual se hizo público a fines de 2003, cuando trascendió una grabación y textos de WhatsApp contenidos en el celular del abogado penalista Luis Hermosilla, ahora en prisión preventiva.

Desde entonces surgen más revelaciones que van afectando la institucionalidad. La más reciente tuvo lugar antier, cuando el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, confesó que poco después de ser nombrado, en enero de 2023, se reunió con Hermosilla y con el dos veces ministro del Interior Andrés Chadwick, mano derecha del fallecido presidente Sebastián Piñera, quienes le pidieron intervenir en una causa penal que afectaba al entonces jefe de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, a lo cual él se negó.

Chadwick, heredero político de Piñera y connotado dirigente derechista, reveló antier que hace dos semanas renunció a la militancia de 40 años en la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la cual fue fundador, un partido que acuerpó a la dictadura de Augusto Pinochet.

La jueza Vivanco cayó en desgracia cuando, hace un mes, se publicaron los mensajes escritos que intercambió con Luis Hermosilla, un conocido penalista, asesor de Chadwick en el segundo gobierno de Piñera, donde queda de manifiesto cómo se prestaba a entregar información confidencial y a intervenir malamente en causas donde aquel litigaba.

La Corte Suprema abrió entonces un proceso de remoción de la jueza en el cual se formularon siete acusaciones específicas: 1) Interferir en la designación del fiscal Valencia y en los nombramientos de conservadores de bienes raíces; 2) Irregularidades en la tramitación y conocimiento de una causa que afectó a la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco); 3) Intervenir en el nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con Hermosilla.

Además, 4) Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema, a solicitud del abogado; 5) Entrega de información en juicios relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las fuerzas armadas, antes de la firma de la sentencia y su notificación, dando consejos procesales al abogado; 6) Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses, y 7) Irregularidades en la tramitación de ocho juicios entre 2019 y 2023, por incumplimiento de las normas y criterios.

Histórico caso en el máximo tribunal

Es la segunda vez en 23 años que el principal tribunal destituye a uno de sus miembros.

Para remate, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra Vivanco, la cual pasa ahora a Senado para su ratificación, arriesgando quedar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.