El ex alcalde de Xochimilco José Carlos Acosta fue denunciado penalmente por la presunta comisión de los delitos de amenazas cumplidas, abuso de poder y discriminación, por Itzel Yunuen Ortiz Mijares, funcionaria de primer nivel de su administración, quien además solicitó medidas de protección.

La denunciante, quien ingresó a trabajar a dicho órgano político administrativo el primero de octubre del 2018, aseguró que fue víctima de violencia laboral y personal para que renunciara al cargo de coordinadora de asesores y planeación del desarrollo.

Su negativa a aceptar la Dirección de Gobierno, por inseguridad del área y menor salario, llevó al ex alcalde a amenazarla con encuadrarme diversos procedimientos, porque esos cargos eran para las personas que le generaran un beneficio político, afirmó.

Además, le dijo que no me debía nada políticamente y que los conocimientos y grados académicos no eran un tema de valoración, sin tomar en cuenta mi desempeño al frente de dicha coordinación, y que me encargo de la manutención de mi hijo y mi madre.

El 18 de octubre de 2023, denunció, fue víctima de privación de su libertad junto con su hijo, con quien se encontraba en su oficina a la hora de la comida, por personal de Recursos Humanos.

Un día después, Acosta Ruiz mandó sellar con pegotes su oficina, ubicada en el primer piso del edificio de la alcaldía, sin mediar procedimiento o notificación alguna, vulnerando su derecho al trabajo, dijo.

El abuso de poder, las amenazas cumplidas y la discriminación de que fue objeto por dicho funcionario y otros siete servidores públicos que tuvieron conocimiento y/o participaron de estos hechos, afirmó, la llevaron a renunciar al cargo.

No conforme con ello, indicó, el ex alcalde le retuvo el pago de su aguinaldo, aunque el representante de la alcaldía, Arturo Ramos, informó a los magistrados de la quinta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que no había tal adeudo.

En un escrito dirigido al suplente del titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, le pidió la judicialización de su denuncia, se proceda a una reparación del daño ocasionado y se le otorguen medidas de protección.

Con dichas medidas se busca que el ex alcalde no realice ninguna conducta de intimidación en su contra y sus familiares, ni actos de discriminación, y se le prohíba que menoscabe sus derechos políticos al buscar eliminarla del partido Morena.