Además de los pendientes en materia de justicia, la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia (1965-1990) dejó en curso un proyecto de ley general de la memoria sobre violaciones graves a los derechos humanos, del que recomienda se trabaje de manera meticulosa y desde un enfoque técnico por la actual administración para que sea presentado de manera formal ante el Congreso de la Unión.

El comité encargado de elaborar la propuesta de ley, que concluyó su mandato el 30 de septiembre, apuntó que el plan recoge tres temas principales: los archivos vinculados con violaciones a derechos humanos, sitios de memoria y política pública.

Acoge las experiencias obtenidas en las sesiones de buenas prácticas en materia de memoria en América Latina con el acompañamiento de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, así como de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y un foro de intercambio con academia, sobrevivientes, víctimas y organizaciones civiles, explicó la comisión en su informe final.

Antes, integrantes del citado comité ya habían adelantado que el proyecto de ley prevé la creación del Centro Nacional de Memorias y los registros nacionales de Sitios de Memoria y de Represión.

Además, busca integrar esta historia al sistema educativo y en los materiales destinados a la formación docente con el fin de que estudiantes y profesores comprendan el contexto y las implicaciones de las violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra sucia.

En su informe final, el comité para el impulso a la memoria y la no repetición presentó las acciones que realizó durante los tres años que operó la Comisión para la Verdad, creada tras el decreto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la puesta en marcha de una estrategia de restitución de información que resultó en la entrega de 52 expedientes que incluyen documentos dirigidos a las embajadas de Argentina, Uruguay y Chile, los cuales contenían información sobre el espionaje y las violaciones sufridas por personas asiladas en México durante las décadas de 1970 y 1980.

De la misma manera, la digitalización de más de 5 millones de fichas del acervo documental de las ex direcciones Federal de Seguridad y de la General de Investigaciones, Políticas y Sociales, así como se impulsó la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para la construcción del sitio de memoria de Tlaxcoaque y de la ley de las memorias de la capital.