En paquete, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute hoy seis proyectos, tres de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y tres de Lenia Batres Guadarrama, que proponen desechar las consultas a trámite sobre las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se prevé que los seis proyectos sean rechazados por la mayoría de ministros, a fin de reiterar el criterio que el pleno tomó el pasado jueves al aprobar por ocho votos contra tres el proyecto 4/2024 del togado Juan Luis González Alcántara Carrancá que admitió a trámite revisar si la reforma viola la autonomía e independencia del Poder Judicial.

En la lista de asuntos para la sesión de hoy del pleno de la Corte se programaron a discusión las consultas a trámite 5/2024, 6/2024 y 7/2024, bajo la ponencia de Esquivel Mossa y 1/2024, 2/2024 y 3/2024 de Batres Guadarrama.

En el proyecto 5/2024, la ministra Esquivel concluye que la SCJN no tiene facultades para ir contra una reforma constitucional y argumenta que ese alto tribunal lo ha reconocido a lo largo de su historia, en distintos fallos. Por ejemplo, en las resoluciones de la controversia constitucional 82/2001 y la contradicción de tesis 105/2021.

Al resolverse la controversia constitucional 82/2001, el pleno de este alto tribunal resolvió que el carácter con el que el órgano reformador de la Constitución interviene en ese tipo de procedimientos, lo hace atendiendo un carácter exclusivamente constitucional, que no se equipara a ninguno de los órdenes jurídicos parciales, lo que implica una función soberana, que no está sujeta a ningún tipo de control externo, señala.

Apunta que el pleno no debería dar entrada a las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial, porque lo que intentan es el análisis del nuevo texto constitucional por controvertir, a su consideración, principios de la misma Constitución.

El pasado jueves, las ministras Esquivel y Batres advirtieron que la aprobación del proyecto 4/2024 de Alcántara Carrancá es la antesala a que la Corte dé un golpe de Estado constitucional.

La SCJN estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, quien en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, declaró Batres el 3 de octubre.