El paro ha afectado todo. Llevamos este tiempo esperando para obtener copia de una audiencia y presentar pruebas de defensa de mi hijo, se quejó Teresa, madre de un interno que lleva meses esperando la oportunidad de presentarse ante un juez y tratar que se desvanezcan las acusaciones en su contra.

Los casos de internos afectados por la suspensión de labores en los juzgados y tribunales son incalculables, pues en una encuesta realizada entre quienes esperan ingresar de visita a los reclusorios de la Ciudad de México prácticamente no hay quien no se manifieste molesto por la tardanza de los trámites y ahora de plano por la inexistencia de atención.

Durante un recorrido por los reclusorios Norte, Sur y Oriente en días de visita oficial, La Jornada observó que la gente llega con bolsas de mandado o plástico con recipientes repletos de comida, agua, refresco, vasos, platos y cucharas de unicel.

Además de alimentos, los visitantes cargan algunos artículos para higiene personal, como papel de baño, pastas y cepillo dentales o jabón.

En el Reclusorio Sur, Adriana esperó un par de horas al abogado que visitó a su esposo. A su salida el litigante le comentó que tienen que aguantar hasta que jueces y magistrados regresen a laborar y luego a que reprogramen la audiencia que se iba a celebrar hace un mes.

Abogados siguen cobrando pese a cierre de juzgados

Además del retraso en sus asuntos, los familiares de los internos tienen que gastar más en los honorarios de los defensores.

La gente también se quejó por los aplazamientos para la expedición de copia de audio y video de las audiencias celebradas antes de que se suspendieran actividades.

En las rejas de los Centros de Justicia Penal Federal permanecen varias lonas colgadas con frases de rechazo a la reforma judicial, promulgada por el Ejecutivo el 15 de septiembre pasado. Las leyendas exigen respeto a la independencia y a la carrera judicial, así como a los derechos laborales.

Según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios federal y estatales 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2023 la población privada de la libertad era de 233 mil 277 personas, 94.3 por ciento hombres y 5.7 por ciento y mujeres. Con respecto al total de 2022 hubo un aumento de 3.2 por ciento.

En promedio, 37.3 por ciento de las personas internadas en 2023 no tenía sentencia. De ese universo, 46.9 por ciento eran mujeres y 36.7 por ciento hombres, en el resto no se mencionaba su sexo.

En ese mismo año, del total de la población sin sentencia, 44.3 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa y 32.5 por ciento en prisión preventiva justificada; 3.5 en otro supuesto jurídico y para 19.7 por ciento no se identificó la situación legal.

Desde que inició la suspensión de labores el pasado 19 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal informó que sólo atenderían casos urgentes, como las decisiones que impliquen peligro para la vida o la integridad de las personas; gestiones para la inminente compurgación de la pena; beneficios, preliberaciones pendientes de ejecución (libertad preparatoria, anticipada y condicional) y hospitalización urgente.