Si se opta por elegir a jueces y magistrados en 2025, como mandata la reforma al Poder Judicial, el Congreso capitalino debe definir cuanto antes el número y el tipo de cargos que participarían en este proceso para proyectar el presupuesto del próximo año y la logística que se requiere, pues estaríamos trabajando a contra reloj, expuso la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño.

En entrevista con este diario, señaló que ante este ejercicio inédito, el organismo electoral ha comenzado a recabar la información disponible, por lo que se estima que se tendrían que elegir entre 400 o 500 cargos entre jueces, magistrados e integrantes de la judicatura, pero aún se debe considerar que para la elección se establecieron dos momentos, 2025 y 2027, por lo que falta conocer cuál será la decisión que tomen los diputados.

Explicó que de acuerdo con la reforma al Poder Judicial publicada el 16 de septiembre, el Congreso capitalino tiene hasta 180 días para legislar al respecto, pero en tanto se toman las determinaciones necesitamos avanzar en la planeación y requerimos saber de cuántas figuras estamos hablando y de qué tipo, porque aquí hay que hacer la diferenciación entre quienes atienden la cuestión administrativa, laboral, familiar, penal, civil y mercantil, pues no se podrían mezclar.

También, añadió, se debe definir cómo serían las boletas, porque en las elecciones de la ciudad está claro que son tres relacionadas a la jefatura de Gobierno, las alcaldías y las diputaciones, pero si aquí se está concibiendo que sean concurrentes, habría que sumar las figuras del ámbito federal y las locales.

Consideró que sería idóneo que el Poder Judicial informe de cuántos cargos existen, y posteriormente el Congreso capitalino defina cuántos compiten en 2025 y cuántos en 2027 para determinar el tipo de boleta, el número de casillas y urnas, así como el personal que se requiere, pues de otro modo se estaría planeando en vacío.

Precisó que el organismo electoral tiene hasta este mes para hacer llegar a la jefatura de Gobierno el proyecto de presupuesto del próximo año, y lo único que tenemos como mandato es la consulta del presupuesto participativo que se tiene programada para mayo de 2024.

A propósito, señaló que hay otra limitante, ya que la consulta no puede coincidir con otra elección, por lo que el Congreso local también tendría que decidir si se posterga para el segundo semestre, se hace concurrente o se suspende.

La consejera presidenta comentó que de manera colegiada van a reflexionar con las distintas áreas sobre cómo se puede procesar una elección de esta naturaleza, para que los que tienen que tomar esa decisión lo valoren y podamos aportar los pros y contras de la determinación que decidan adoptar.