La investigación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en torno a la guerra sucia (1965-1990) llevó a ubicar por lo menos 14 zonas prioritarias donde existen indicios de que habría cuerpos y restos de personas desaparecidas en ese periodo de violencia de Estado. Entre ellos el Panteón Civil Dolores, los cuarteles militares de la Ciudad de México, Culiacán y estado de México, y la base área militar número 7 en Pie de la Cuesta, Guerrero; así como Ajuchitán del Progreso.

En el informe final de la Comisión para la Verdad, creada por decreto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021 y que concluyó su encomienda el lunes pasado, da cuenta de 2 mil 619 personas en el Registro Nacional de Víctimas por hechos derivados de la represión, de las cuales 24.1 por ciento son directas y 75.8 por ciento indirectas.

Reporta como uno de los principales logros, el retomar las investigaciones a partir de la radicación de 244 expedientes relacionados con los delitos cometidos en la guerra sucia, que involucran a 478 víctimas, la mayoría de casos cometidos entre 1974 y 1978.

En cuanto a las autoridades señaladas como responsables en los expedientes, la comisión expone que, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), el mayor número corresponde al Ejército mexicano, por presuntamente haber sido el responsable de 281 desapariciones forzadas, seguido de las desapariciones perpetradas por varias dependencias de manera coordinada, con 95 casos.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) es señalada por 61 desapariciones; la Policía Judicial, 18, y la División para la Investigación y Prevención de la Delincuencia, tres.

Los demás casos apuntan a las direcciones generales de la Policía del Distrito Federal y de Policía y Tránsito del Estado de México, así como la Interpol.

En el informe que fue publicado por la comisión, se explica que los expedientes se distribuyen en 18 estados, con preponderancia en Guerrero, seguido por Ciudad de México, Sinaloa y Jalisco.

Sobre el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas, la CNB detalla en la lista de sitios con indicios para impulsar la búsqueda de desaparecidos están los panteones civiles de Dolores, en la Ciudad de México, y el municipal número 3 de Mazatlán, Sinaloa, ya que, explica, uno de los métodos de contrainsurgencia era inhumar los cuerpos en estos cementerios; primero se les registraba con su nombre, seudónimo o como personas desconocidas y después eran enterrados en fo-sas comunes.

Respecto a las instalaciones militares, expone que en el campo número 1, en la Ciudad de México, habrían sido inhumadas víctimas en el antiguo campo ecuestre, concretamente, en el sitio en el que se construyó el Monumento a la Lealtad, erigido en honor al Ejército, y espacios aledaños, donde, de acuerdo con testimonios, fueron hallados restos óseos durante las labores de excavación realizadas, en 2015.

El campo militar 1-A, en el estado de México, apunta, era cárcel clandestina, centro de operaciones de la DFS y de unidades del Ejército dedicadas a la contrainsurgencia, donde se presume que personas pudieron haber sido asesinadas, incineradas o inhumadas.

La CNB incluye entre las zonas de interés Ajuchitán del Progreso, Guerrero, donde fueron encontrados los cuerpos de siete víctimas de ejecución extrajudicial a manos del Ejército entre 1967 y 1974.

Igualmente, Barranca Cola de Caballo en Guadalajara, Jalisco; el Canal Adolfo López Mateos en Mocorito, Sinaloa; el Centro Penitenciario Lecumberri, en Ciudad de México; Finca Puerto Rico en Ocosingo, Chiapas; Santiago Jamiltepec y San Juan Lalana, Oaxaca; los Pozos Meléndez o Boca del Diablo en Taxco, Guerrero; Copacabana en Acapulco, y Yahuali-ca, Hidalgo.