Una semana después, el Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente fue notificado de una suspensión provisional emitida por un juez para que detenga toda la organización del proceso comicial del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Extrañamente, esta suspensión no había llegado a la Oficialía de Partes del instituto, cuando suelen presentarse entre 24 o 48 horas después de que se otorgan. Los mismos consejeros señalaron la semana pasada que no sabían por qué no habían recibido la notificación.

Pero ayer ya se hizo llegar a los 11 consejeros, a fin de que lean la sentencia, revisen los argumentos y generen sus propias deliberaciones y conclusiones, para que de manera colegiada tomen una decisión sobre esta suspensión.

El 24 de septiembre, un juez de Colima concedió el recurso que daba al INE 48 horas para responder que fue notificado, pues de no hacerlo podría ser sancionado con una multa equivalente a 10 mil 857 pesos, conforme a la Ley de Amparo.

La sentencia señala que el instituto debe detener la ejecución del decreto de reformas al Poder Judicial, así como la emisión de los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025.

De lo anterior, se desprende que cuando se impugna una norma general con motivo de su entrada en vigor, la suspensión debe decretarse para el efecto de que se impida la afectación de la reforma dentro de la esfera jurídica, versa el recurso.

Consejeros aún no leen el documento de Colima

Hasta ayer, ninguno de los consejeros electorales se pronunció sobre tal suspensión, ya que fuentes del instituto comentaron que deben leerla y analizarla con detenimiento para determinar si procede o no, y en caso de que sí, entonces tomar una decisión colegiada.

La suspensión demanda al Consejo General del INE se abstenga de implementar el proceso electoral extraordinario 2025, así como tampoco emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso.