La administración pública local contará con cuatro nuevas secretarías, entre ellas la de Gestión Integral del Agua, que sustituirá al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, órgano público descentralizado que fue eliminado de la Constitución local.

Diputados capitalinos aprobaron lo anterior, además de la creación de las secretarías de Atención y Participación Ciudadana, de Vivienda, así como la de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

Esta última dependencia tendrá la facultad de estrechar y fortalecer la coordinación de la capital con los niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana.

A la de Atención y Participación Ciudadana corresponderá el despacho de asuntos en esa materia, el derecho a la buena administración y representará a la jefatura de Gobierno ante comisiones y comités de participación vecinal, mientras la de Vivienda tendrá a su cargo el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de la política habitacional y de ella dependerá la Comisión de Reconstrucción.

La de Planeación deberá ejecutar programas de regularización de la tenencia de la tierra por medio de una comisión; de la misma manera tendrá la conducción y coordinación metropolitana y regional para el retiro y otorgamiento de licencias de medios publicitarios y la determinación de habilitar corredores con ese tipo de anuncios.

Nuevas tareas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua propondrá el programa hídrico a seguir en la ciudad y estará encargada del diseño de la política pública que garantice el derecho humano al líquido, si bien el sistema de aguas no desaparece, quedará sectorizado a esta dependencia.

Además, se aprobó el cambio de nombre de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social por el de Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

La reforma incluye nuevas facultades para la Secretaría de Gobierno, la cual deberá ejecutar políticas públicas de prevención, atención y promoción al combate de la discriminación e inclusión.

El pleno del Congreso local también aprobó ayer una iniciativa para sancionar con multas de hasta 3 mil 257 pesos, arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario de hasta 18 horas a quien administre las llamadas chelerías, que son lugares donde se vende de forma ilegal alcohol. Asimismo, se acordó imponer una pena de 6 a 12 años de prisión y multa de hasta 5 mil unidades de medida y actualización –unos 542 mil 850 pesos– a los propietarios de los inmuebles en los que se expendan bebidas alcohólicas sin permiso y que aun con sellos de clausura o de suspensión sigan operando.

Dicha actividad también se considerará una infracción contra la seguridad ciudadana, con excepción de aquellos puestos ubicados dentro de ferias y/o romerías o que cuenten con autorización.

De la misma manera, se aprobó una reforma para otorgar apoyos económicos vitalicios a las personas que compitan en juegos paralímpicos y ganen medallas.