o pocos integrantes del Poder Judicial insisten en jugar al Tío Lolo y, mediante chicana tras chicana, pretenden bloquear la reciente reforma constitucional aprobada por el Legislativo. De plano no asimilan su derrota, se retuercen y se niegan a aceptar la realidad, por lo que de la manga vuelven a sacar una suspensión –totalmente ilegal– para evitar que tal reforma sea promulgada el 15 de septiembre, como lo anunció el presidente López Obrador.

Días atrás fueron impartidores de justicia de Morelos y Chiapas los que pretendieron frenar el análisis, discusión, modificación y/o aprobación de la citada reforma constitucional en el Poder Legislativo; se toparon con pared, por lo que ahora mágicamente aparecen los integrantes del juzgado segundo de distrito con sede en Colima, quienes mediante “una suspensión en contra de la publicación del decreto que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos relacionadas con la reforma judicial buscan cancelar de un plumazo lo aprobado por el Legislativo y evitar su promulgación.

Y tal suspensión fue otorgada a una fantasmal Fundación Iris en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Asociación Civil sin fines de lucro, aparentemente regenteada por Raúl Andrade Osorio, quien se asume como su representante legal y él mismo asegura ser abogado constitucionalista y postulante, profesor de posgrado y académico.

Pero queda claro que los impartidores de justicia de Colima y el propio representante legal de la fantasmal fundación no aprendieron mucho en su paso, según dicen, por alguna Facultad de Derecho, o de plano se pasan la ley por el arco del triunfo, porque estarían obligados a saber que el artículo 135 de la Carta Magna ordena que la Constitución puede ser adicionada o reformada y para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, algo que, dicho sea de paso, sucedió de acuerdo con lo establecido por la propia ley.

También deberían recordar que el artículo 61 de la Ley de Amparo, entre otros ordenamientos, deja en claro que “el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…)”, de tal suerte que, como lo anunció el mandatario, mañana, 15 de septiembre, se promulgará la multicitada reforma.

Pero como esos impartidores de justicia no tienen idea de qué se trata, pero sí todas las ganas de joder, entonces Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, les envió un atento mensaje: la citada suspensión por ellos aprobada resulta notoriamente improcedente; no se prevé en la legislación y no aplica a reformas constitucionales, de tal suerte que el Ejecutivo federal publicará el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación mañana 15 de septiembre. Tienen que entender que ya se aprobó la reforma y quienes promueven este tipo de impugnaciones lo hacen porque no están dispuestos a abandonar sus privilegios y pretenden mantener la opacidad en el Poder Judicial.

Así de simple, tanto que ayer, en sesión solemne, el Senado de la República formuló hoy la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, luego de que 23 legislaturas locales votaron a favor de ese proyecto que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros. De 24 congresos estatales que remitieron sus decretos al Senado, sólo el de Jalisco votó en contra. A la sesión respectiva sólo asistieron los legisladores de Morena, PT y PVEM , ya que la oposición como un día antes, no se presentó; el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el proceso constitucional concluyó después de que se hizo el recuento de las legislaturas locales, que superaron la votación necesaria para aprobar la minuta que pasó antes por las dos cámaras del Congreso federal; la declaratoria pasó a la Cámara de Diputados, donde se repetirá el proceso y se enviará al Ejecutivo federal para su promulgación ( La Jornada, Andrea Becerril).

Entonces, los impartidores de justicia deben aterrizar en la realidad, ponerse a trabajar, no a grillar, dejar el juego del Tío Lolo y acoplarse a los nuevos tiempos.

Las rebanadas del pastel

Y mañana, juntos, a todo pulmón, gritaremos ¡Viva México!

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