l sistema de justicia está colapsado.
Impunidad. El deterioro no comenzó ayer, pero en la última década ha sido evidente para muchos ciudadanos que lo mejor es no enredarse en las redes churriguerescas de la llamada justicia. Los sucedáneos a ésta son justicia por mano propia, que adopta en general la forma de manifestaciones ciudadanas: marchando, obstruyendo el libre tránsito u ocupando casetas de cobro e instalaciones pública o privadas. También linchamientos. Estas ilegalidades resultan de una mayor provocada por la impunidad masiva: la esencia del sistema de justicia. En el Índice Global de Impunidad 2020, México ocupa el lugar 60 entre 69 países analizados. Noventa y dos de cada 100 delitos quedan impunes.
Al carajo sus leyes. El signo de nuestros tiempos es la rabia y la frustración. Hay quizás una actitud más penetrante, generalizada y destructiva de la convivencia social. Una especie de cinismo que pone en duda la capacidad y la voluntad del Estado para resolver los problemas que más afectan a los ciudadanos. El efecto combinado de protestas callejeras y desconfianza en las autoridades es un ambiente poco propicio para las acciones cooperativas y la participación cívica. Esta es la verdadera polarización en el país.
Confianza. Como lo señala el informe Latinobarómetro del año pasado, los ciudadanos creen que las leyes se cumplen poco o nada en 83 por ciento en México y en 84 promedio latinoamericano. En ese mismo informe aparecen datos claves respecto a la confianza en las instituciones en México: 48 por ciento confían en las fuerzas armadas, 28 por ciento en el gobierno. En el Poder Judicial la confianza llega a 24.22 por ciento y 13 por ciento de confianza en los partidos.
La polarización en la cúpula. Si la polarización en la sociedad es entre los ciudadanos y las autoridades, la polarización entre las élites es entre dos visiones de democracia. Una minimalista que concibe a la democracia a partir de elecciones libres y confiables, competencia entre partidos y división de poderes. Otra una democracia plebiscitaria que desconfía de los cuerpos intermediarios y que favorece la centralización política y la relación directa entre el líder y el pueblo. Una democracia constitucional tiene que ir más allá de los ordenamientos electorales, favorecer la participación cívica y la deliberación pública. Una democracia plebiscitaria tiene que establecer garantías para las diversas minorías y contrapesos a los poderes.
El enforcement. La traducción al español es complicada. Quizás acatamiento, pero tendría que añadirse acatamiento de las leyes con la coerción del aparato estatal. Esto no ocurre en México porque las leyes cuando se aplican se hacen con enorme discrecionalidad y lo que impera, mas bien, son un conjunto de convenciones, componendas y reglas informales.
Vetos y componendas. Para Levitsky y Murillo un bajo nivel de acatamiento de las leyes permite que los poderes de facto, no ejerzan su poder de veto sobre las leyes aprobadas en los congresos a sabiendo que éstas no se van a cumplir. En el México autoritario: “La relación entre non-enforcement y estabilidad puede ser vista bajo el poder del PRI... las cláusulas constitucionales que amenazaban los intereses vitales del PRI y sus élites, que incluyen elecciones libres, límites al Poder Ejecutivo, seguridad jurídica y derechos sociales progresivos, fueron violadas de manera sistemática... la estabilidad institucional formal tuvo sus raíces en la preferencia de las élites por el non-enforcement y en menor magnitud por las posibilidades de veto” (2012).
Como toda lucha política, éstas se ganan primero en el terreno simbólico. El símbolo de la reforma jurídica quedará esculpido en nuestra memoria: el señor Yunes padre bajando triunfante, por las escaleras del Senado apapachado entre aplausos y abrazos de distinguidos morenistas.
